CARACAS.- Como una cadena de errores y falsas presunciones calificó la defensa de los tres exejecutivos de DirecTV Venezuela, a la imputación que hiciera el Ministerio Público en contra de los ciudadanos que fueron privados de libertad el pasado 5 de junio.
La Fiscalía adjudicado a Héctor Rivero, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano los delitos de coautoría, estafa agravada en concurso real, boicot, desestabilización de la economía y asociación para delinquir.
El abogado, Jesús Loreto, aclaró ninguna de estas personas formó parte de la junta directiva, y sus funciones se limitaban a una gerencia de tercer nivel, subordinada a la la presidencia ejecutiva de la compañía.
«Paradójicamente esas personas que los despidieron, quienes los removieron de su cargos, antes de que se interrumpiera la señal de DirecTV en Venezuela, no han sido citados, imputados ni son objetos de orden de captura, se trata de una injusticia», sentenció en entrevista para el circuito Éxitos, de Unión Radio.
Otra incongruencia se generaría en el caso, pues el defensor afirma que el mismo gobierno está consciente de que el cese de operaciones de DirecTV del país, es consecuencia de las sanciones de Estados Unidos que impiden a su vez a las compañías estadounidenses, establecer relaciones comerciales con personas o empresas integradas en una lista; y en la cual figuran los canales: Globovisión y Pdvsa TV.
La firma estadounidense AT&T también tildó de «inexplicable» la privativa de libertad en contra de los tres exejecutivos, pues afirma que no estuvieron involucrados en el cese de operaciones de la compañía.
«Estas personas no conocían de lo ocurrido, ni les consultaron lo ocurrido, no podían participar, ni participaron en lo ocurrido, ni tampoco podían impedirlo», recalcó Loreto.
Insiste en la mala interpretación de los hechos que podrían llevar a 12 años de prisión a Héctor Rivero, Carlos José Villamizar y Rodolfo Carrano, quienes se encuentran recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, en el Helicoide.
EL CASO
El pasado 19 de mayo la compañía estadounidense AT&T anunció el cierre de las operaciones de DirecTV en Venezuela, al no poder cumplir con los requisitos legales del Gobierno de Nicolás Maduro y de Estados Unidos.
Tres días después de la decisión, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó la ocupación e inmediata restitución del servicio de televisión por suscripción Directv -Venezuela; y la prohibición de salida del país a los integrantes de la junta directiva de la compañía.
