(París, 27 enero, 2021).- Seis ONG han lanzado un proceso legal contra el Estado francés para exigir el fin de los llamados «controles de identidad facial», controles aleatorios que consideran prácticas discriminatorias sistemáticas de la Policía.
Se trata de la primera acción legal colectiva de cese y desistimiento contra el Estado francés en un caso de discriminación policial, iniciado después de que estas organizaciones hayan enviado una notificación formal al primer ministro, Jean Castex, y los ministros del Interior y de Justicia, a quienes reclaman reformas.
Si en los próximos cuatro meses no les dan una respuesta, las ONG podrían reclamar a los jueces que intervengan para ordenar al Gobierno medidas que pongan fin a este tipo de actuaciones.
«A pesar de los numerosos estudios que establecen de forma incuestionable la existencia generalizada de controles de identidad basados en características físicas asociadas a un origen real o supuesto y pese a las condenas públicas, los sucesivos gobiernos se han limitado a realizar cambios cosméticos», señalan en una nota.
Y aseguran que los Gobiernos han renunciado a iniciar las necesarias reformas estructurales.
La acción iniciada por las ONG (entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras de menor alcance) se contempla dentro de la ley por la modernización de la Justicia del siglo XXI, aprobada en 2016, que permite la acción en grupo para enfrentar medidas de discriminación, y permite al juez aplicar disposiciones de corrección y pedir reformas.
La actuación de las ONG llega tras varios meses de escándalos y manifestaciones contra la Policía por violencia y racismo.
El grupo denuncia que los agentes se valen de poderes «demasiado extendidos e insuficientemente controlados» para proceder a controles de identidad discriminatorios y abusivos, y señalan varios estudios que muestran que los jóvenes árabes o negros, incluidos niños desde los doce años, son controlados de manera desproporcionada frente al resto de la población.
Reclaman que se modifique el código penal para prohibir explícitamente los controles de identidad discriminatorios y que cualquier registro sólo pueda basarse en una sospecha objetiva e individualizada.
Piden que se adopten medidas para los casos de controles a menores, así como la creación de un sistema de grabación y evaluación de los datos relativos a los controles para dar a toda persona controlada una prueba de esa intervención.
Las ONG instan también al Estado a ratificar el protocolo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre la no discriminación y a hacer modificaciones de los objetivos de la Policía, su formación e interacción con el público.
Este proceso coincide con la apertura esta semana de la llamada misión «Beauvau de la Securité», a petición del presidente Emmanuel Macron, para lanzar una reforma del cuerpo, mejorar las condiciones del ejercicio de sus funciones y tratar de recuperar el vínculo con los franceses.
Pero el objetivo principal es acabar con las acusaciones de violencia y racismo sistémico que pesan contra las fuerzas del orden.
EFE
