(Ho Chi Minh (Vietnam), 2 febrero, 2021).- El golpe de Estado ha hundido las esperanzas puestas por Occidente en la democracia de Birmania, único país del Sudeste Asiático donde se esperaban ciertos avances en este sentido, y podría frenar su lento despegue económico afectado por sanciones y la huida de inversores.
Con la asonada del lunes, los militares no solo borraron todos los progresos democráticos que ellos mismos habían impulsado en la última década, sino que corren el riesgo de aislarse del resto del mundo, en especial Europa y EEUU, que estaban cuidando con mimo sus relaciones con el país para salvaguardar su transición democrática y limitar la influencia de China.
El presidente de EEUU, Joe Biden, amenazó con sanciones tras el golpe de Estado y pidió a la comunidad internacional que hable con «una sola voz» para hacer que los militares birmanos «cedan inmediatamente» el poder.
La UE, que condenó «enérgicamente» el golpe, no ha llegado a hablar de sanciones, aunque no serían sorprendentes de mantenerse la situación creada por los militares y los arrestos de la líder de facto del Gobierno, Aung San Suu Kyi, miembros del Gobierno, presidentes regionales, políticos de su partido -la Liga Nacional para la Democracia (LND)-, activistas y artistas.
La UE había sido muy cautelosa en su imposición de sanciones a Birmania por las atrocidades cometidas contra la minoría rohinyá y había preferido dirigir sus acciones contra el estamento militar, pero no contra todo el país.
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FACILIDADES COMERCIALES
La fragilidad de su transición democrática le valió a Birmania un trato preferente que explica por qué ha disfrutado del programa Todo Menos Armas (EBA, por sus siglas en inglés), que elimina los aranceles para todos los productos menos armamento y del que ha sido apartada Camboya por sus abusos contra los activistas pro derechos humanos.
La UE utiliza el EBA para dar facilidades comerciales a países en desarrollo con la condición de que respeten los derechos humanos y laborales incluidos en las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas (OIT).
Tanto la UE como Japón abogaban por no ser duros con un país con las contradicciones propias de una transición democrática, sobre todo en un contexto en que países de la región como Tailandia, Camboya y Filipinas han vivido claros retrocesos democráticos.
Tras la asonada militar, no quedaría ningún argumento, más allá de los meros intereses comerciales, para que Birmania mantenga ese estatus privilegiado.
En el otro lado de la balanza se situó China, cuyo gobierno afirmó hoy que los movimientos de la comunidad internacional «no deben dañar la estabilidad» política y social de Birmania, sino «ayudar a promover una solución pacífica y evitar más conflicto».
China, que asegura estar negociando con todos los sectores implicados, confía en que todas las partes en Birmania «resuelvan correctamente sus diferencias de acuerdo con la Constitución y la ley».
EFECTOS ECONÓMICOS
Sea cual sea el alcance de las sanciones, los analistas coinciden en que este golpe tendrá efectos nocivos sobre la economía, como advirtió el Banco Mundial (BM) en un comunicado en la noche del lunes.
Este organismo, que en 2020 concedió a Birmania préstamos por valor de más de 900 millones de dólares (747 millones de euros), recalcó su compromiso con la transición democrática birmana en la última década, en la que el porcentaje de birmanos en la pobreza bajó hasta el 25 por ciento, la mitad que en 2005.
«Estamos preocupados por la seguridad de la población de Birmania, incluidos nuestro personal y nuestros socios, y estamos preocupados por el cierre de los canales de comunicación tanto dentro de Birmania como con el resto del mundo», dijo el organismo.
Las primeras consecuencias económicas de la inestabilidad política empiezan a ser palpables, con movimientos empresariales como el de la japonesa Suzuki Motor, que ha decidido paralizar la producción de las dos plantas que posee en Birmania para garantizar la seguridad de sus 400 empleados.
La multinacional nipona tomó esta decisión pocas horas después del golpe y por ahora no ha determinado cuándo reabrirá sus instalaciones en las que produce unos 11.000 vehículos anuales.
Aat Pisanwanich, director del centro internacional de estudios de la Cámara de Comercio de Tailandia estimó, en declaraciones al Bangkok Post, que espera que la situación recobre la normalidad cuando pase un mes del golpe, pero los efectos dependerán de la reacción de la comunidad internacional.
Conforme al estado de emergencia decretado, los militares mantendrán el poder durante un año y celebrarán elecciones, en una fecha no precisada, para entregar el poder al partido vencedor en las urnas.
