(San José, 03 de febrero de 2021. EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) comenzó este miércoles una audiencia de dos días por una demanda contra Brasil relacionada a un feminicidio presuntamente cometido por un exdiputado, en la que analiza los alcances de la inmunidad parlamentaria y sus posibles efectos como un generador de impunidad.
La demanda presentada a la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el exlegislador del estado de Paraíba Aércio Pereira de Lima provocó retrasos en la investigación del feminicidio contra la joven de 20 años Márcia Barbosa de Souza, ocurrido en 1998.
La joven fue golpeada, estrangulada y su cuerpo fue encontrado en un lote baldío.
Según la demanda, el levantamiento de la inmunidad parlamentaria fue denegado por la Asamblea Legislativa en dos ocasiones y el proceso penal pudo iniciarse recién el 14 de marzo de 2003, cuando Aércio Pereira terminó su periodo como legislador.
El 27 de septiembre de 2007, Aércio Pereira fue condenado a 16 años de cárcel por el asesinato y el ocultamiento del cadáver de la joven, pero el hombre murió por causas naturales cinco meses después, sin haber ido a prisión debido a una serie de recursos que estaban en análisis.
El presidente de la CIDH, Joel Hernández, dijo este miércoles en la audiencia ante la CorteIDH, que esta es «la primera ocasión en que la Corte Interamericana tiene la oportunidad de pronunciarse acerca de la inmunidad de altos funcionarios como un acto de impunidad hacia las violaciones de los derechos humanos».
Hernández agregó que los jueces podrán pronunciarse acerca de la compatibilidad de las inmunidades de altos funcionarios con las obligaciones de los Estados de prevenir y sancionar las violaciones a los derechos humanos; además de profundizar en la jurisprudencia sobre el deber de investigar.
El presidente de la CIDH también pidió a la Corte Interamericana evaluar la situación de la violencia contra las mujeres en Brasil.
Hernández dijo que aunque en 2001 Brasil aprobó una reforma constitucional que facilita la apertura de procesos penales contra altos funcionarios con inmunidad, esta no se aplicó en el caso presentado ante la Corte Interamericana.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que actúa en el caso como representante de las víctimas, emitió un comunicado en el que indica que «el asesinato de Márcia Barbosa se produjo en un contexto general de violencia contra las mujeres en Brasil y en el estado de Paraíba, acompañado por la impunidad estructural existente en este tipo de hechos».
«El Estado brasileño violó el derecho a las garantías judiciales y la protección judicial al impedir la investigación de la responsabilidad del señor Aércio Pereira de Lima a través de la figura de la inmunidad parlamentaria que se aplicó a hechos de la más alta gravedad», expresó el Cejil.
En la audiencia de este miércoles participó como testigo la activista de derechos humanos del Centro de Mujeres 8 de Marzo, Valquiria Alencar, quien relató la lucha que la organización ha dado contra la impunidad y la inmunidad parlamentaria, así como el contexto de la violencia de género en Brasil.
También rindieron declaración los peritos Melina Fachin, acerca de la legislación brasileña en lo referente a la inmunidad de altos funcionarios, y Henrique Ribeiro, sobre las acciones y políticas públicas de Brasil en la lucha contra la violencia de género en las últimas décadas.
La audiencia, que se lleva a cabo por videoconferencia, concluirá el jueves con los alegatos finales de las partes.
