(San José, 04 de febrero de 2021. EFE).- Los representantes de la familia de una joven asesinada por un exdiputado en Brasil en 1998 aseguraron este jueves en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que la inmunidad parlamentaria significa una obstrucción de la justicia en ese país, una afirmación que el Estado rechazó.
La representante de las víctimas, Viviana Krsticevic, recordó en sus alegatos finales que la joven asesinada, Márcia Barbosa, era una mujer de escasos recursos, afrodescendiente y que migró del interior del país hacia la capital del estado de Paraíba en busca de una vida mejor y concretar sus sueños.
«El acceso y la búsqueda de la justicia quedaron truncados por la aplicación inadecuada de la inmunidad parlamentaria por parte de la Asamblea Legislativa de Paraíba» en favor de un «diputado con mucho poder», declaró Krsticevic.
La representante agregó que «inmunidad parlamentaria fue un instrumento para reforzar la desigualdad entre un político y una joven mujer» y que «en la práctica, la inmunidad sirve de escudo para la impunidad de graves crímenes».
La acusación presentada ante la Corte IDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que la inmunidad parlamentaria de la que gozaba el exlegislador del estado de Paraíba Aércio Pereira de Lima provocó retrasos en la investigación del feminicidio.
La joven fue golpeada, estrangulada y su cuerpo fue encontrado en un lote baldío en 1998.
El presidente de la CIDH, Joel Hernández, dijo a los jueces que el levantamiento de la inmunidad parlamentaria fue denegado por la Asamblea Legislativa de Paraíba en dos ocasiones y el proceso penal pudo iniciar hasta el 14 de marzo de 2003, cuando Pereira terminó su periodo como legislador.
El 27 de septiembre de 2007, Aércio Pereira fue condenado a 16 años de cárcel por el asesinato y el ocultamiento del cadáver de la joven, pero el hombre murió por causas naturales cinco meses después, sin haber ido a prisión debido a una serie de recursos que estaban en análisis.
Hernández destacó que la inmunidad parlamentaria persigue un fin legítimo de garantizar la independencia del Legislativo, pero aseguró que en este caso la «imposibilidad de investigar y sancionar al diputado fue resultado de la aplicación de la figura de inmunidad y se tradujo en una restricción de acceso a la justicia».
El agente estatal Tonny Teixeira declaró que el Estado «no incurrió en violaciones» a los derechos humanos en este caso, que las autoridades realizaron una «investigación seria e imparcial» que derivó en una condena de cárcel contra el exdiputado en el 2007.
Teixeira aseguró que la inmunidad parlamentaria «no implicó denegación de justicia» y destacó que en 2001 se aprobó una reforma constitucional que permite mayor agilidad a la hora de tramitar investigaciones penales contra legisladores.
Según la otra agente estatal, Aline Albuquerque, la reforma constitucional garantiza un «equilibrio entre la inmunidad parlamentaria y el derecho al acceso a la justicia».
El Estado también defendió las acciones que ha llevado a cabo en las últimas décadas para combatir la violencia de género.
El Estado pidió a la Corte IDH que descarte una condena, mientras que la CIDH y los representantes de la familia solicitaron un fallo que dicte pautas para fortalecer el combate de la violencia de género en Brasil, la debida diligencia en las investigaciones de este tipo de casos y para que la inmunidad parlamentaria no se constituya en una forma de impunidad u obstrucción de la justicia.
Tras la audiencia, llevada a cabo por videoconferencia debido a la pandemia de la covid-19, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces la Corte Interamericana emitirá un fallo en los siguientes meses.
