(Bangkok, 7 marzo, 2021).- Al menos nueve personas murieron y otras seis fueron arrestadas este domingo en una operación policial y militar contra supuestos insurgentes comunistas en Filipinas, mientras que varias ONG denuncian que algunos eran activistas y sindicalistas ejecutados.
La operación de las autoridades tuvo lugar en la región de Calabarzon, al sur de Manila, dos días después de que el presidente filipino, Rodrigo Duterte, pidiera públicamente a la policía y el Ejército que disparara a matar a insurgentes armados, según el diario Rappler.
Sin embargo, organizaciones locales como Karapatan y Pamalakaya Pilipinas denunciaron que algunos de los fallecidos eran activistas y líderes de movimientos sociales locales.
En un comunicado, Karapatan indicó que los activistas Chai Lemita-Evangelista y Ariel Evangelista murieron en una redada en su vivienda en la provincia de Batangas en la que sobrevivió su hijo de diez años.
Otro de los activistas muertos es Manny Asuncion, activista que trabajaba a favor de los derechos de los pescadores en la provincia de Cavite.
El pasado viernes, Duterte, acusado de vulnerar los derechos humanos en sus campañas contra las drogas y los insurgentes comunistas, dijo que las fuerzas de seguridad deberían disparar al encontrar al enemigo si este estaba armado.
«Olvidad los derechos humanos. Es mi orden. Yo seré el que vaya a la cárcel. No hay problema», señaló el presidente, conocido por su estilo autoritario y retórica agresiva.
El pasado 31 de diciembre, nueve líderes indígenas y presuntos miembros de la guerrilla comunista del Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) murieron y otros 17 fueron arrestados en la isla filipina de Panay durante una operación conjunta policial y militar denunciada por Karapatan.
La Policía y el Ejército alegaron entonces que actuaron en defensa propia durante un fuego cruzado, mientras que Karapatan sostuvo que operativos de ambos cuerpos ejecutaron a sangre fría a al menos tres de los líderes, dos de ellos mientras dormían.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó el pasado junio una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad de la guerra contra las drogas, que ha matado a unas 30.000 personas, así como el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados desde el inicio del mandato de Duterte.
Un informe publicado en julio por la organización Global Witness situó a Filipinas como el segundo país del mundo más peligroso para ser defensor de la tierra o activista medioambiental, después de Colombia, con 43 asesinatos en 2019, frente a los 30 de 2018.
EFE
