(Caracas, 10 de marzo, 2021).- En la declaración de Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, se concluyó que algunas de las violaciones se cometieron a gran escala y constituyeron crímenes de lesa humanidad.
Durante el informe, la misión resaltó un clima de exclusión y represión en el país, caracterizado por detenciones arbitrarias a personal de salud, dirigentes políticos y miembros de ONGs.
Referente a las elecciones de la Asamblea Nacional que se celebraron el 6 de diciembre, el informe las calificó como «injustas y con falta de libertad», señalando la Comisión Especial para Investigar las Acciones Perpetradas contra la República por la Directiva y miembros de la Asamblea Nacional en el período 2016-2021 como muestra de esto.
Esta comisión especial encarceló al ex parlamentario Gilberto Soto por acusaciones de esta naturaleza. Otra detención que llamó su atención fue la del ex miembro de la AN, Juan Requesens, quien a pesar de habérsele concedido arresto domiciliario en septiembre, sigue enfrentando un juicio penal, acusado de delitos graves como homicidio calificado frustrado contra el Presidente.
El informe acotó que muchos presos políticos fallecen a causa de tratamientos de salud o permanecen en las cárceles en condiciones precarias de sanidad.
Insistieron en que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia contra los dos presuntos responsables en el caso del ex capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, cuya muerte en 2019, concluyó la misión, «con motivos razonables para creer, fue consecuencia de las torturas infligidas por funcionarios de inteligencia militar».
Resaltaron la tendencia creciente a la persecución de personas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a labores humanitarias y de derechos humanos, como fue el caso de Roberto Patiño de la ONG Alimenta la solidaridad y los 5 miembros de la organización Azul Positivo.
