(Puerto la Cruz, 7 de septiembre de 2022. Redacción. Saray Portillo).- Nelly Mata, abogada y consultor jurídico de la Universidad de Oriente (UDO), declaró que acudir a un medio que la Ley del Estado les proporciona, con el fin de solicitar que un órgano jurisdiccional reconozca los derechos de los trabajadores del sector publico ha sido «un pecado».
En entrevista con el periodista Jesús Salazar para el programa Panorama Informativo, transmitido por Unión Radio 93.7 FM, lamentó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) haya, aparentemente, emitido una multa a seis universidades autónomas del país que decidieron solicitar la revisión del instructivo Onapre con el fin de favorecer a los trabajadores públicos.
“Estamos asombrados, impactados y viviendo un momento sumamente difícil”, comentó.
Explicó que a las autoridades universitarias se les debe notificar con el fin de conocer el alcance de la decisión emanada del TSJ, a los efectos de analizar cuál es la vía a utilizar para enfrentar el fallo que indica la inexistencia del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto
“Qué motivó entonces a que los trabajadores pertenecientes al sector público estén protestando por sus derechos laborales”, cuestionó.
De acuerdo a la rectora de la Unexpo, Rita Áñez, el próximo 19 de septiembre los consultores jurídicos de las seis universidades involucradas, incluida la UDO, acudirán al organismo jurisdiccional para consultar las razones y alcances de la sentencia que declara inexistente el instructivo de la Onapre.
Sostuvo que lo que quieren es conocer el contenido, fundamento y seriedad de la decisión para tomar las acciones en busca de justicia.
Autonomía universitaria
La abogada y consultor jurídico de la UDO, destacó que de acuerdo a la constitución venezolana y su normativa interna, las universidades del país gozan de una autonomía que les permitiría administrar sus recursos.
Aclaró que en la actualidad, eso no está ocurriendo debido a que el Estado ha venido asignando un presupuesto fijo que ha sido objeto de protestas a nivel nacional.
“Las universidades del país han tenido que ejecutarlo, siempre bajo protesta”, indicó.
Recordó que desde marzo, se empezó a girar instrucciones para que las instituciones educativas se rigieran por un tabulador para el pago de salarios y cualquier otro beneficio, a través del sistema Patria.
“En el fondo ha sido un instrumento para desconocer las conquistas del sector trabajador”, aseguró.
Agregó que a su vez, se ha venido centralizando el pago de nóminas y prestaciones sociales que corresponde a la masa trabajadora.
Considera incoherente imponer la cancelación de una multa cuando a las universidades no se les ha proporcionado los recursos necesarios como parte del presupuesto anual.
