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martes, abril 23, 2024

El Gobierno español tomará medidas contra el bloqueo del poder judicial 

Madrid, 20 dic (EFE).- El Gobierno español adoptará las «medidas que sean precisas» para poner fin al bloqueo del poder judicial y del Tribunal Constitucional, después de que este suspendiera, por primera vez en democracia, la tramitación de una ley que afectaba a la renovación de sus miembros.

El jefe del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez, en una comparecencia oficial, anunció este martes que el Gobierno tomará medidas para poner fin al «injustificable» bloqueo que vive tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces.

La decisión de Constitucional, que se conoció ayer a última hora de la noche, ha provocado una grave crisis política e institucional, ya que afecta a los tres poderes del Estado: al legislativo, que no podrá debatir y votar una reforma legal; al ejecutivo, que propiciaba la reforma; y al judicial, ya que las medias afectaban al gobierno de los jueces.

EL GOBIERNO ACATA LA DECISIÓN DEL CONSTITUCIONAL 

Sánchez afirmó que el Ejecutivo acata la resolución del Tribunal Constitucional (TC), una decisión «sin precedentes» y fruto de la «actual mayoría conservadora», que debido a la falta de renovación no se corresponde con la mayoría parlamentaria de izquierdas.

«En momentos de incertidumbre se precisa serenidad y firmeza», concluyó Sánchez, quien reconoció que esta suspensión, motivada por el recurso de la oposición conservadora ante el TC, es un «hecho grave» ya que es la primera vez que se impide a los representantes elegidos por los españoles que realicen su función de legislación, y remarcó que no tiene precedentes en España ni en ningún otro país del contexto europeo.

PARTIDO POPULAR

Desde el principal partido de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Pedro Sánchez que consensúe con su partido una reforma del Código Penal, renunciando a la modificación que se tramita ahora en el Senado, o de lo contrario que convoque ya elecciones generales.

Feijóo ha comparecido ante los periodistas en la sede del PP, donde ha ofertado al jefe del Ejecutivo una «salida» que pasa por volver a tipificar como delito el referéndum ilegal, mantener el de sedición y las actuales penas de la malversación y «renunciar a controlar a los jueces» asegurando que «los jueces elijan a los jueces» en el CGPJ.

Además, el líder del PP ha exigido rebajar la actual «escalada verbal» por la que Sánchez ha hablado de «complot» o «golpismo» y parar también la «escalada de cesiones» al independentismo, «tónica habitual de una legislatura estrambótica», porque esto no es hacer historia sino «deshonrar la tradición democrática».

BLOQUEO DEL CGPJ, ORIGEN DEL PROBLEMA

El origen del problema se sitúa en el bloqueo que existe en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de mayoría conservadora y cuyos miembros están sin renovarse desde hace cuatro años debido a la negativa del Partido Popular.

Este hecho afecta tanto al funcionamiento del CGPJ como al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional, ya que muchos de sus nombramientos están frenados por el bloqueo en el CGPJ, situación que algunos dirigentes socialistas han calificado de «secuestro» y responsabilizan de la misma a la oposición conservadora por negarse a renovar esos órganos judiciales.

Esta situación de bloqueo provocó también que no se haya nombrado a los dos miembros para el Tribunal Constitucional que les corresponde y que tienen su mandato caducado desde el pasado mes de junio.

Ante este bloqueo, el Gobierno de coalición progresista decidió cambiar la mayoría con la que el CGPJ elige a los miembros del Tribunal Constitucional (TC) que le corresponden. 

Pero esta reforma fue recurrida por el PP ante el Constitucional, al que pidió como medida cautelarísima que suspendiera la tramitación parlamentaria. El tribunal de garantías ayer le dio la razón con seis votos a favor de la mayoría conservadora y cinco en contra de la minoría progresista, y suspendió la tramitación de la norma que afectaba a la renovación del propio tribunal. EFE

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