El Tribunal décimo quinto de primera instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas otorgó libertad plena a los ciudadanos Aryenis Coromoto Torrealba Barrios y Alfredo Marcial Chirinos Azuaje, ambos exgerentes de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que habían sido condenados en 2021 a cinco años de prisión por el delito de «divulgación, reserva o suministro de información».
Torrealba y Chirinos, quienes habían recibido el beneficio de casa por cárcel, recibieron el sábado 1° de abril la boleta de excarcelación y, de acuerdo a la agencia EFE, ambos deberán esperar a una audiencia el lunes 3 de abril para que se ratifique su libertad y conocer además sobre medidas que pesan sobre ellos como prohibición de salida del país, la inhabilitación política y prohibición de declarar a los medios.
Luego de recibir la boleta, Chirinos y Torrealba grabaron un video en donde agradecen a la ciudadanía, movimientos populares, organizaciones internacionales, y su familia «que tomó esta lucha como su bandera».
«Es una victoria y una lucha. Falta aún ganar la batalla final», dijo Chirinos.
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El Comité por la libertad de Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos explicó a la agencia de noticias española que ambos, quienes fueron penados con cinco años de cárcel, gozan de esta medida porque no han cometido delitos previos y tuvieron una buena conducta.
Otro requisito, explicó el comité, es una prueba psicosocial que debe hacer el Ministerio de Servicios Penitenciarios y que fue solicitada por el tribunal en abril de 2022, sin que hasta la fecha se haya hecho, por lo que considera que la medida responde a la presión que se hizo desde los medios para pedir la liberación de los exfuncionarios de Pdvsa.
Asimismo, dijo que el siguiente paso es lograr la declaración de nulidad de la condena, para que Torrealba y Chirinos sean declarados inocentes de los delitos por los que fueron condenados, y no solo sea la medida de libertad plena.
En febrero de 2021, un año después de haber sido arrestados, ambos exgerentes de Pdvsa fueron condenados por el delito de «divulgación, reserva o suministro de información», según informó entonces la Fiscalía en un comunicado.
«Dichos funcionarios fugaron información sensible y confidencial de la industria petrolera, lo cual trajo como consecuencia la imposición de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos», prosiguió la Fiscalía en el documento.
Una semana después de recibir la condena, se les otorgó una medida cautelar de arresto domiciliario.
