(Caracas, 15 de septiembre de 2023 – MundoUR).- El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazó la decisión del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de fallar contra el recurso introducido por Venezuela para la eliminación de sanciones impuestas en 2017 durante las protestas antigubernamentales.
Para la Cancillería, la decisión del TGUE es «absurda» porque, a su juicio, la instancia judicial «pretende» reconocer que la Unión Europea tendría facultades para intervenir en asuntos internos de un tercer país que está fuera del bloque, por lo que se le estaría atribuyendo potestad de castigar al mundo.
En ese sentido, cree que la decisión del TGUE está contradiciendo el Derecho Internacional, en especial los apartados de la libre determinación y la no injerencia en asuntos internos.
Por ello, se reserva el derecho de tomar acciones jurídicas, políticas y diplomáticas para rechazar esta decisión y hace un llamado a las instituciones de la Unión Europea a dejar a un lado la «soberbia» en sus relaciones diplomáticas.
*Lea también: ¿Aumento de precios petroleros podría favorecer flexibilización de sanciones? Esto dice Angel Alvarado
#Comunicado Venezuela rechaza categóricamente el adefesio jurídico, contrario al derecho internacional, emanado del Tribunal General de la Unión Europea en respuesta a las legítimas acciones de nuestro país frente a la ilegal imposición de medidas coercitivas unilaterales. pic.twitter.com/t0jnhzDKEV
— Yvan Gil (@yvangil) September 15, 2023
La decisión del tribunal, con sede en Luxemburgo, rechaza todas las alegaciones que hizo Venezuela, la primera de ellas, que el país tiene derecho a que el Consejo de la UE escuche sus argumentos antes de imponer las sanciones.
Para el tribunal, ello equivaldría a que el Consejo mantuviese negociaciones internacionales con Venezuela, con lo que se perdería el objetivo que persiguen las sanciones, ejercer presión sobre el país latinoamericano «con el fin de provocar un cambio en su comportamiento».
En concreto, las sanciones consisten en la prohibición de exportar a Venezuela equipos que se puedan utilizar para la represión interna y servicios relacionados con equipos militares.
Al no tratarse de sanciones individuales, sino de tipo general, Venezuela tampoco tenía el derecho a que el Consejo escuchase previamente sus argumentos, según la sentencia.
