(Caracas, 22 de noviembre de 2023, José Luis Carrilo/MundoUR).- “Cuando desde el Ejecutivo y las políticas públicas de ese país (Perú) hay un direccionamiento que pareciera una xenofobia institucionalizada hacia venezolanos, es una agresión franca a los DDHH”, expresó la abogada y especialista en derecho migratorio María Montoya.

Resaltó que en Perú hay cerca de un millón 500.000 venezolanos, gran parte de los siete millones que se encuentran fuera de Venezuela.

A propósito de las situaciones que se generaron en torno al partido correspondiente a la fecha 6 de las eliminatorias suramericanas para el Mundial 2026, Montoya se preguntó si no es discriminatoria una política que haga que una persona que asista a una competición deportiva a apoyar al equipo de su país de origen se encuentre con que posiblemente pueda ser deportado, lo que le generaría un estado de pánico.

En conversación con Gladys Rodríguez en el programa «Gladys en Éxitos», explicó que en Perú se estaría aplicando una “jurisprudencia de taquilla” o a discreción del funcionario, dado que el decreto que permite la deportación de extranjeros en un lapso menor a 48 horas no es claro sobre en qué casos se puede aplicar esa medida.

Con respecto a la situación que se presentó con el avión que debía transportar a los jugadores de la selección venezolana de fútbol desde Perú de regreso a Venezuela y que según autoridades venezolanas se retrasó porque no podía proceder a recargar combustible, resaltó que en el equipo hay jugadores de talla mundial y advirtió que el hecho podría ser considerado como un secuestro o retención ilegal de personas.

Deportaciones en Perú violan normas internacionales

La especialista Montoya explicó que en Perú el plazo para la regulación migratoria de extranjeros se venció el pasado 10 de noviembre y seguidamente se aprobó un decreto donde se autoriza la deportación inmediata en menos de 48 horas de cualquier extranjero que se encuentre en situación irregular.

A su juicio, esto violenta normas internacionales, incluso derechos humanos universales, como el de libre movilidad o el de poder elegir el país donde se desea vivir.

Sostuvo que el decreto es insuficiente en su explicación y por eso da pie a que se puedan deportar personas que estén en trámite de documentación, pero aun no la han obtenido.

“Hay que hacer un llamado intenso y dispersar información analizada, revisada y verificada de lo que está pasando”, indicó.

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