Lima, 22 de diciembre de 2023. EFE).- La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de Perú dictará sentencia el próximo 9 de enero sobre la apelación presentada por el excongresista Kenji Fujimori y otros dos exparlamentarios contra la condena impuesta por tráfico de influencias en un caso que se desprende del indulto recibido por su padre Alberto Fujimori en 2017.
El juez supremo César San Martín escuchó este viernes los alegatos de las partes en una audiencia de apelación contra la condena a cuatro años y seis meses de cárcel dictada al hijo menor del expresidente Fujimori (1990-2000) y los exlegisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez.
Durante la sesión, Fujimori evitó responder a un interrogatorio y se acogió al silencio, al igual que Ramírez.
La defensa del exparlamentario señaló que se está vulnerando el debido proceso porque en las grabaciones hechas por el fallecido legislador Moisés Mamani, que son citadas como evidencia, hay espacios oscuros que interrumpen la secuencia del delito atribuido a Fujimori.
Kenji Fujimori y otros dos exparlamentarios de Fuerza Popular fueron procesados y condenados por presuntamente haber ofrecidos favores políticos a Mamani a cambio de que vote en contra de la destitución del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, quien indultó a Alberto Fujimori en 2017.
En la audiencia, Bocángel dijo a la sala que fueron víctimas de «un Congreso golpista», que los humilló políticamente sin que cometieran «delito alguno».
«Dios nos exige el perdón, pero perdonar no es olvidar. Espero que la sociedad peruana no olvide el sacrificio por la democracia que dimos un grupo de congresistas defenestrados por (el partido fujimorista) Fuerza Popular. Lo hicimos por el Perú», expresó Bocángel.
Por su parte, el fiscal Uriel Terán también apeló la sentencia, pues pide elevar la condena a 6 años y medio contra los acusados, bajo el argumento de que el delito está plenamente probado.
El expresidente Fujimori, de 85 años, fue excarcelado este mes de la prisión en la que cumplía su condena de 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, en cumplimiento a una resolución del Tribunal Constitucional (TC) que restituyó el indulto humanitario otorgado por Kuczysnki.
Sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) acusó al Estado peruano de desacato, dado que había ordenado no implementar el indulto porque «no observó los estándares de derecho internacional que debían ser tomados en cuenta al realizarse un control jurisdiccional».
El Gobierno peruano anunció este viernes que presentará sus argumentos a la Corte en el plazo previsto por el tribunal, puesto que sostiene que no hay desacato alguno y reiteró su adhesión a la Convención Americana de Derechos Humanos. EFE
