(Caracas, 08 de febrero de 2024).- Venezuela, Colombia y Perú representaron casi el 79 por ciento de los solicitantes de asilo en España en 2023, según un informe publicado este jueves por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).
A Venezuela (60.534 solicitudes), Colombia (53.564) y Perú (14.308) le siguen Honduras (3.685), Cuba (3.082), Marruecos (3.076), Nicaragua (2.759), Senegal (2.173), Rusia (1.694) y El Salvador (1.377), refleja el informe ‘Más que cifras’ de esta organización no gubernamental, que parte de datos del Ministerio del Interior de España.
En 2023 se emitieron 88.042 resoluciones sobre las solicitudes de asilo, de las que un 40 por ciento fueron desfavorables, un 47 % se resolvieron por la vía de razones humanitarias -un tipo de protección menos garantista que se concede, sobre todo, a venezolanos- y solo un 12 % resultó en la concesión del estatuto de refugiado o de protección subsidiaria.
CEAR destaca el aumento del reconocimiento de protección a solicitantes de El Salvador y de Honduras, del 30 al 35 y del 16 al 22 por ciento, respectivamente, respecto a 2022.
Por países, de solicitantes de Venezuela hubo 40.674 resoluciones, la mayoría favorables por razones humanitarias; de Colombia 16.085, la mayor parte denegadas (15.089); de Perú 3.477, casi todas igualmente rechazadas (3.197); de Honduras 3.333, de ellas 2.578 desfavorables; de El Salvador 1.626, de las que 1.047 fueron denegadas, y de Nicaragua 1.302, con la concesión del estatuto de refugiado a 837.
El año pasado quedaron por resolver 30.527 solicitudes de colombianos, 11.931 de venezolanos, 11.053 de peruanos, 3.615 de cubanos, 3.603 de nicaragüenses, 3.328 de hondureños y 1.539 de salvadoreños.
La Oficina de Asilo y Refugio adscrita a este ministerio recibió en el pasado año 163.218 solicitudes de protección internacional en España, un 37 por ciento más que el año anterior y la mayor cifra desde que se creó en 1992.
El informe advierte de que aumentan «alarmantemente», en un 56 por ciento, las solicitudes pendientes de resolución, pues «191.095 personas esperan durante meses, e incluso más de un año, una decisión de la que depende su vida».
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