(Puerto la Cruz, 1 de marzo de 2024. Redacción: Saray Portillo).- José Magallanes, presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado Anzoátegui, exigió explicaciones a las autoridades del municipio Sotillo, sobre una ordenanza supuestamente aprobada por el Concejo Municipal, la cual tendría como finalidad regular la actividad en los tres cementerios de la localidad.
En entrevista con la periodista María Eugenia Jirón para el programa Desde La Metrópoli, transmitido por Éxitos 95.3 FM, indicó que representantes de distintas compañías que prestan servicios funerarios en la ciudad de Puerto La Cruz, están indagando lo que representa esta “ordenanza sobre la creación, organización y funcionamiento de los cementerios municipales”.
“El llamado es a la conciencia de los concejales, del ciudadano alcalde, Nelson Moreno, y a la Corporación de Cementerios, a que revisen cada uno de los tributos que deberá pagar el sector funerario y las personas que requieran el servicio”, insistió.
La ley aprobada en diciembre de 2023, y que al parecer entró en vigencia en enero de este año, era desconocida, hasta el pasado fin de semana, por las empresas funerarias de la localidad.
Entre los artículos de la misma resalta que, a través de la Corporación de Cementerios Públicos y Servicios Funerarios, les cobrarán un impuesto por vehículo y por utilizar el camposanto, a pesar de que esto último ya se lo cobran a quienes gestionan la inhumación.
Por cada tributo, se les cobrarán cinco unidades de la moneda de mayor valor en el Banco Central de Venezuela (BCV), que suele ser el Euro.
“Exigimos que expliquen cuáles son los costos y qué contempla en sí la ordenanza, porque según lo que refiere la ley, por cada servicio que prestemos, deberemos cancelar 10 euros a la corporación. Si son tres servicios, entonces son 30 dólares”, señaló.
El presidente de la Fundación para la Contraloría Social de los Servicios Funerarios del estado, alertó que quién resulta realmente afectado son los dolientes, ya que al pretender incrementar los impuestos de esta manera, las empresas que prestan servicios funerarios estarán obligados a subir los costos.
Aseguró que con esta ordenanza se incumple la Ley de Regulación y Control de Servicios Funerarios.
