(Burgos, España, 13 de junio de 2024 – EFE / MundoUR).- Una comunidad de monjas en España que anunció que abandonaba la Iglesia católica para seguir a un falso obispo que fue excomulgado solicitó este jueves ayuda económica o en especie a través de las redes sociales ante el “bloqueo” de las cuentas por parte del arzobispo.
Las monjas del monasterio de Santa Clara, en Belorado, en el norte de España, que el pasado 13 de mayo anunciaron su renuncia a la Iglesia católica lanzaron hoy un mensaje a través de Instagram en el que señalaron que el arzobispo que asumió su control tras el cisma les impide el acceso para comprar sus productos cotidianos.
En su cuenta @tehagoluz, las monjas afirmaron que el arzobispo bloqueó el acceso “al fruto de su trabajo diario”, con la connivencia de las entidades bancarias, que “parecen haberse guiado más por la confusión mediática que por la lógica y la legalidad vigente”, lamentaron.
El Arzobispado justificó el control de las cuentas por las funciones que le encomendó la Santa Sede en cuanto comisario pontificio, pero aclaró que no la cuentas no están bloqueadas sino intervenidas.
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“Pretende que le solicitemos a él nuestro dinero, lo que supondría, de facto, el reconocimiento de la legitimidad de la usurpación”, insistieron las monjas, al tiempo que afirmaron que sus empleados están teniendo que acudir al Arzobispado para “reclamar por derecho lo que les pertenece”.
Una situación que llevó a las religiosas a pedir, en esa la red social, colaboración económica, en especie o a través de la difusión del mensaje, que incluye un número de cuenta “no usurpada” a nombre de la exabadesa.
Monjas piensan en contratar seguridad privada
Por otra parte, la comunidad religiosa indicó que se está planteando contratar servicios de seguridad privada para “garantizar en lo posible su integridad física y la conservación del patrimonio” pues, ante el revuelo mediático generado por su caso, se creó un “todo vale”.
Denunciaron el lanzamiento de petardos y botes de humo al monasterio de madrugada, gritos e intrusiones en el perímetro, además de cámaras ocultas y “acoso” de los periodistas a todo el que entra y sale del recinto, lo que les llevó el pasado martes a llamar a la policía.
