(Lima, 23 octubre de 2024.EFE/MundoUR).- El Gobierno de Perú aprobó este miércoles un decreto en el que se obliga a arrendadores y hospedajes a registrar en una plataforma digital de Migraciones a los ciudadanos extranjeros que alojen o alquilen una vivienda, con el objetivo de «asegurar el orden público».
El decreto supremo, publicado en el diario oficial El Peruano, explica que estas obligaciones se implementan «a fin de asegurar la seguridad y el orden público, modificando e incorporando artículos relativos a la identificación de extranjeros, documentos de identidad, cancelación del carné de extranjería y acceso a la información del Registro de Información Migratoria».
Detalla que los establecimientos de hospedaje tendrán, en 30 días, la obligación de cumplir con varias disposiciones de carácter migratorio, como exigir la presentación de los documentos de viaje o identidad, según corresponda, para acreditar la identidad de la persona extranjera que solicita el servicio.
Estos también deben inscribir en el Registro de Huéspedes a la persona extranjera, «consignando, además de la información regulada por la autoridad competente, el tipo y número de documento de viaje o identidad».
También tienen que permitir a Migraciones el acceso a la información del Registro de Huéspedes de personas extranjeras para que efectúe labores de fiscalización y verificación migratorias, y trasmitir a esta entidad, al momento del registro, la nacionalidad y datos personales de la persona extranjera.
«La infracción a estas disposiciones es conducta pasible de sanción para los establecimientos de hospedaje», señala.
La multa a personas jurídicas que presten servicios de hospedaje que no soliciten dicha información, o no remita a Migraciones el registro de la persona variará entre una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), que en 2024 tiene un valor de 5.150 soles (1.270 euros o 1.369 dólares) o dos UIT, 10.300 soles
El superintendente nacional de migraciones, Armando García, explicó en el canal estatal TVPerú que la próxima semana empezarán con las pruebas, prototipos y capacitaciones para usar la plataforma, y en 30 días hábiles, se exigirá esta medida.
«La misma norma establece multas entre 1 y 2 UIT a aquellos hospedajes que por ejemplo no transmitan esa información, no utilicen la plataforma o incluso no permitan la fiscalización que Migraciones puede realizar a dichos hospedajes de manera inopinada», indicó.
La presidenta Dina Boluarte adelantó este martes que el Ejecutivo va a impulsar ajustes para regularizar la situación de migrantes venezolanos como la exigencia de que muestren contratos de trabajo y de alquiler, así como vigilar el envío de divisas fuera del país, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado.
Después de más de 100 días sin declarar a la prensa, Boluarte precisó que van a hacer ajustes en Migraciones para exigir a «cada venezolano», que aparentemente trabaja de manera lícita, que presente el contrato de trabajo y de alquiler.
En este sentido, la mandataria también pidió a los propietarios de inmuebles a tener cuidado «a quiénes alquilan» sus viviendas.
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