(La Haya, 1° de diciembre de 2024 – EFE / MundoUR).- Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) inician este lunes una semana de reuniones en La Haya, un encuentro anual ensombrecido por la presión política tras la emisión de la orden de arresto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, un paso que ha descolocado a numerosos Estados partes que a la vez son socios de Israel.
La Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, celebra del 2 al 7 de diciembre su 23, con una agenda que oficialmente incluye los puntos habituales de carácter burocrático, pero que en esta ocasión se ven ensombrecidos por los últimos avances en investigación sobre crímenes en el Estado de Palestina.
El Estatuto ha sido ratificado por 125 países, el último Ucrania, que será oficialmente miembro el 1 de enero. La investigación sobre Ucrania permitió la emisión, en marzo de 2023, de una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por el crimen de guerra de deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de zonas ocupadas a Rusia.
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También pidió la detención de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación. Rusia amenazó con represalias a la CPI, a la que definió de ser “solo una organización miserable”, mientras que China pidió al tribunal «evitar dobles raseros» y “respetar la inmunidad de los jefes de Estado”.
Desde entonces, Putin ha limitado sus viajes al extranjero, evitando países miembros de la CPI, que están obligados a ejecutar estas órdenes de arresto. Sin embargo, este septiembre, el mandatario ruso viajó a Mongolia, país que, a pesar de haber ratificado el Estatuto en 2002, optó por no detener a un aliado, ignorando al tribunal.
La CPI denunció en octubre a Mongolia ante la Asamblea, su órgano legislativo y de supervisión, por “impedir” que ejerza sus funciones al “no ejecutar la solicitud” de detener a Putin. Se espera que la Asamblea se pronuncie ahora sobre la sanción a Mongolia, un ejemplo a los países aliados de Israel que se muestran reticentes a detener a Netanyahu.
Israel y la CPI
La CPI tiene activas una treintena de órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad en diferentes países. La última ha sido el pasado miércoles, contra el líder de la junta militar birmana, Min Aung Hlaing, por la deportación y persecución de los rohinyás en Myanmar y, en parte, de Bangladés, en 2017.
Una semana antes, los jueces aprobaron las órdenes de arresto solicitadas por el fiscal Karim Khan contra Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza al menos desde el 8 de octubre de 2023, incluido el uso del hambre como arma de guerra.
La CPI también dictó una orden contra un dirigente militar de Hamas, Mohammed Deif, por los ataques y toma de rehenes israelíes, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, pero esto no fue confirmado por Hamas, ni lo logró demostrar el fiscal.
Israel va a retar la jurisdicción de la CPI sobre los ciudadanos israelíes y ya ha notificado a la Corte que apelará las órdenes de arresto emitidas porque, alegó, los jueces desestimaron “sin un examen sustantivo, las serias objeciones de Israel sobre la falta de jurisdicción de la Corte”.
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El propio fiscal, además de más de 40 relatores y expertos en derechos humanos de la ONU instaron a ejecutar estas órdenes de arresto, pero varios países, incluidos miembros de la CPI, se muestran reticentes, en contraste con su postura de apoyo a la orden de arresto de Putin.
Berlin dijo que le “cuesta imaginar que se produzcan detenciones en Alemania”; Austria consideró “absolutamente incomprensible” el paso de la CPI; Hungría calificó la Corte de “cínica” e invitó a Netanyahu a Budapest; y Francia admitió que tendrá en cuenta la “inmunidad” de Netanyahu como primer ministro, una protección que el tribunal internacional no reconoce, como tampoco hizo con Putin o con el sudanés Omar al Bashir.
El Consejo de Seguridad de la ONU tiene la posibilidad de adoptar una resolución que suspenda o aplace una investigación o un proceso de la CPI durante un año renovable. Estados Unidos, aliado de Israel, podría proponerlo, pero necesitaría el apoyo de Rusia, quien tiene derecho a veto y dos órdenes de arresto emitidas por la CPI.
Ni Rusia, ni Israel han ratificado el Estatuto de Roma, pero la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes más graves que sus nacionales hayan podido cometer en países que sí son miembros, como Ucrania y Palestina, respectivamente.
