Advierten que eliminación completa del TPS es complicada porque las circunstancias del país han cambiado

(Caracas, 4 de febrero de 2025).- La administración Trump revocó el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos, dejando en riesgo de deportación a unos 300 mil personas que solicitaron el estatus en 2023, mientras que otros 250 mil tendrían tranquilidad hasta septiembre cuando se debería tomar alguna decisión sobre su futuro.

Nicolás Sifontes, abogado especialista en tema migratorio, recordó que la primera designación del TPS para Venezuela fue en 2021 por 18 meses yfue renovada luego de estos hasta marzo de 2024. En octubre de 2023, el Secretario de Seguridad del momento extiende, previo al tiempo indicado, dicho estatus y da un segundo registro de venezolanos.

«Lo que se está revocando es la decisión del Secretario Mayorka 4 días antes que Biden entregara el poder en el que se unificaba estos dos grupos con protección hasta octubre de 2026. Este mandato de la administración Trump los vuelve a separar entre los del 2021 y los del 2023» añadió.

Explicó que después de la publicación de dicha medida en el registro federal, los venezolanos tendrán 60 días de notificación, pero luego quedan en un estado de indefensión.

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El abogado aseguró que se mantiene positivo porque, si bien se revocó esta decisión del secretario Mayorka, la eliminación completa del TPS es algo muy complicado porque hay que argumentar que las circuntancias del país han cambiado, insistiendo en que es evidente que no, además de la gran cantidad de trabas legales que se deben `pasar.

«El TPS no es un estatus que lleve a una ciudadanía o residencia permanente, ellos saben que no es un estatus definitivo y deben buscar su forma de permanencia» acotó.

Resaltó que las mejores opciones de los venezolanos en estas circunstancias son ajustar mediante su familia, particularmente entre esposos y padres, agregando que la opción del asilo sigue siendo válida y se debe hacer en el primer año de haber entrado al país.

Sifontes indicó que ya se ven las consecuencias en la economía estadounidense que los migrantes no vayan a sus puestos de trabajo o dejen de trabajar en restaurantes y granjas.

También alertó que estas medidas del TPS son estrategias mediáticas y responden a un discurso político contra los migrantes independientemente de donde sean.

“Cruzar una frontera no es un delito, puede ser una infracción civil” señaló.

Recomendó a los migrantes tener encima sus papeles de trámites legales como protección