(Miami, 22 de junio de 2025 – MundoUR).- La directora del Venezuelan American Caucus, Adelys Ferro, aseguró que la situación con los venezolanos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) avanza «paso a paso», a pesar de no ir con la celeridad requerida para nuestros connacionales.
Ferro, en sus redes sociales, explicó que los abogados introdujeron una moción ante la Corte de Distrito en California para que las autoridades migratorias aclararan la «confusión» que se había publicado en torno a los permisos de trabajo, ya que habían empresas que comenzaron a decir a las personas que no podían seguir trabajando con permisos bajos el TPS de 2023.
En ese sentido, indicó que la página de Homeland Security actualizó el apartado del TPS para los venezolanos, donde se aclaró que nuestros connacionales que pidieron la extensión de su permiso de trabajo antes del 5 de febrero, mantienen su estatus legal en EEUU; incluso si llegó la notificación de recibo llegó posteriormente a la fecha.
Por eso, señaló que los migrantes venezolanos deben presentar ante sus empleadores los recaudos para demostrar que están legales los siguientes documentos.
- Una captura o impresión de la actualización oficial del DHS sobre TPS Venezuela.
- El permiso de trabajo vigente, aunque tenga fecha de vencimiento en abril de 2025.
- La notificación de recibo, siempre que demuestre que la solicitud fue hecha antes del 5 de febrero.
El Tribunal Supremo de EEUU falló el 30 de mayo de 2025 a favor de que el Gobierno de Donald Trump pueda retirar la protección legal temporal concedida por la anterior Administración de Joe Biden a 532.000 migrantes procedentes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
La máxima corte estadounidense ha concedido la solicitud de emergencia cursada por el Departamento de Seguridad Nacional con un voto de siete magistrados a favor y dos en contra: las liberales Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson.
La Administración Trump estaba tratando de impugnar un fallo de una jueza federal -que queda por ahora sin efecto- del estado de Massachusetts que consideró que el Gobierno no podía anular este «parole humanitario», que permitía a estas 532.000 personas vivir y trabajar de manera provisional en EEUU, sin analizar el procedimiento caso por caso.
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