(Caracas, 28 de agosto de 2025. Lismar Rebolledo/MundoUR).- El 25 de agosto un juez federal pausó la decisión sobre el TPS para venezolanos y dejó en espera el estatus de miles de personas mientras se resuelve una apelación presentada por el gobierno de Estados Unidos ante un tribunal superior.
La medida, dice especialista, Arturo Bravo, abogado binacional, socio principal de la firma internacional Crosswise en Miami y Caracas que es técnica y no implica una resolución de fondo.
Explicó que “esta pausa es, básicamente, un tecnicismo legal”. Comunicó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos que la decisión no determina el futuro inmediato del TPS, sino que paraliza el caso hasta el fallo de un juez superior.
La pausa generó preocupación entre quienes obtuvieron el TPS en 2023 y esperan una continuación de su estatus.
Bravo señaló que “si la pausa es negativa, muchas personas que el TPS 2023 esperaban y aspiraban que el juez Chen revocara la suspensión del TPS y retomara un estatus que ya está perdido” podrían enfrentarse a un escenario de mayor vulnerabilidad migratoria. En sus palabras, “hay que actuar, hacer algo, no quedarse pasivo esperando la decisión del juez” aunque reconoció la complejidad del momento.
En cuanto a los grupos de TPS vigentes, Bravo indicó que “los del 2023 se suspendieron desde febrero de 2025 y a partir de abril quedó y salió la decisión del juez Chen. Lamentablemente, todos ellos, cinco mil antes del 5 de febrero pidieron permisos de trabajo, quedaron protegidos, pero los otros 200-300 no tenemos número exacto, quedaron fuera de estatutos”. Sobre los TPS de 2021, que vencen en septiembre, señaló que “se suponía que dos meses antes, julio, debería haber salido una orden renovando o terminando el TPS y no lo hizo”. De igual manera, advirtió sobre la posibilidad de que las autoridades dicten una renovación automática por seis meses, opción que aún no se ha materializado.
Bravo añadió que la transición actual crea incertidumbre hasta septiembre y aclaró que “no sabemos definitivamente” qué ocurrirá, ya que depende de factores fuera de su control. En su evaluación, “la situación para las personas con el TPS 2023 es bien complicada” y la recomendación es buscar asesoría legal y tomar medidas, pues este grupo “está bastante vulnerable” y requiere soluciones individualizadas.
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Sobre la revisión de las 55 millones de visas, Bravo la describió como “una decisión o una afirmación fundamentalmente política y con consecuencias legales”. A su juicio, la revisión de un volumen tan grande de visas es ambiciosa y, en los procesos de visas, existen planillas y formatos susceptibles de revisión, ya que “hay fraude en la obtención de visa” y los efectos abarcan prácticamente todas las categorías de visas, incluyendo las de residentes con estatus vigente.
En cuanto a la ruta a seguir, Bravo concluyó que, aunque hay expectativas, “dependemos de muchas cosas que no están en nuestras manos”. Su consejo para las personas afectadas es: “consultar con los abogados y tomar medidas; no quedarse pasivo esperando la decisión del juez”. Y resaltó que “hay que actuar, orar en positivo para esperar lo peor, pero prepararse para lo que venga”.
