(Caracas, 26 de marzo de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- Mariana Campos Villalba, abogada constitucionalista y docente universitaria, destacó la urgencia de generar un marco de seguridad jurídica para incentivar la inversión privada en Venezuela. La experta enfatizó la necesidad de reglas claras, funcionarios capacitados e independientes, y una simplificación de trámites administrativos para dinamizar la economía.
La abogada observa que, aunque persisten desafíos, existen indicios de una voluntad por establecer condiciones más atractivas para los inversores destacó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos.
La seguridad jurídica se materializa en «reglas claras que sean entendibles, que sean cumplidas y que quienes las ejecuten cuenten con la independencia para sus cargos», afirmó Campos Villalba. La jurista resaltó que las normativas económicas deben aplicarse con imparcialidad desde el parlamento, el ejecutivo y la administración de justicia. Además, señaló que la simplificación de trámites es vital, ya que muchas regulaciones, incluso a nivel municipal, a menudo «ahogan al inversionista y a varios sectores productivos».
La abogada también cuestiona la actual Ley de Expropiación, sugiriendo que su aplicación debe limitarse estrictamente al bien común y no a decisiones de carácter político. De igual forma, critica la Ley del Trabajo, que considera un «instrumento político» que «impone muchas trabas y obligaciones que no son cumplibles», lo cual perjudica a empleadores y trabajadores. Campos Villalba subrayó que «es importante que se creen unas políticas macroeconómicas pero quienes las dirijan, quienes las ejecuten sean personas independientes, la política no se puede meter en todo» y la publicación oportuna de indicadores económicos para una planificación efectiva de los empresarios.
Tambien te puede interesar: Empresas Polar impulsa la creación de 1.000 empresas en Venezuela
La Asamblea Nacional avanza en la aprobación de la Ley de Socioderechos Económicos, instrumento que deroga la antigua Ley de Precios Justos. Mariana Campos calificó esta medida como un paso fundamental para la seguridad jurídica en Venezuela. Según la experta, la propuesta elimina las penas de prisión por actividades económicas, lo cual transforma la visión del Estado hacia el sector privado y reduce el riesgo para los capitales.
