(Caracas, 15 de abril de 2026. Carla Zambrano/ MundoUR).- El Ejecutivo Nacional, solicitó a la Asamblea Nacional una reforma de las leyes del sector inmobiliario, con el fin de movilizar alrededor de 500.000 viviendas que se encuentran actualmente desocupadas.
Pablo González Travieso, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, aclara que estas propiedades no están congeladas por falta de interés, sino cerradas debido a un marco jurídico complejo que genera un desbalance entre los derechos del inquilino y del propietario. «Desde el año 2022, hemos venido solicitando la revisión del marco jurídico del negocio inmobiliario. Específicamente la ley de arrendamiento, la ley de estafa inmobiliaria y la ley del deudor hipotecario», dice González.
Entre los problemas mencionados por el experto, destacan los contratos por tiempo indeterminado, los trámites administrativos que pueden durar hasta 24 meses y procesos judiciales de desalojo paralizados por decretos constitucionales desde 2015. «Hay un favorecimiento de los derechos del inquilino. Por eso es que, fundamentalmente, la ley actual no transmite el sentido de equilibrio en el tema de propiedad privada y esto es fundamental», declara.
González resalta que, más allá de eso, la Cámara Inmobiliaria hace el llamado al rescate del concepto de la propiedad privada: «No podemos resolver el problema de los jóvenes venezolanos o de la necesidad de vivienda de los venezolanos si no tenemos claro que tenemos que respetar el derecho de propiedad privada«, dice agregando que el derecho de los dueños de los inmuebles deben ser iguales a los de los que necesitan vivienda, por lo que es necesario estructurar leyes y regulaciones que respeten la libertad de contratación de las partes.