(Caracas, 02 de junio de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- Las granjas digitales representan agrupaciones tecnológicas con fines específicos que abarcan desde el almacenamiento de servidores hasta la creación de contenido mediante inteligencia artificial. En Venezuela, la actividad de minería de criptoactivos permanece bajo prohibición tras la intervención de su órgano regulador y la falta de renovación de permisos.
Por otro lado, el uso de sistemas automatizados para la generación de clics o interacciones falsas en redes sociales se clasifica como un delito de falsificación electrónica. Estas acciones atacan derechos fundamentales como el honor y la reputación de particulares y organizaciones.
Raymond Orta, director del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, explicó en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos el alcance de la responsabilidad jurídica en estos casos. «La ley contra delitos informáticos establece sanciones tanto a las personas que creen, utilicen o a través de este software creen la situación, pero también existen sanciones penales para las empresas», señaló el experto.
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La normativa vigente desde el año 2001 aplica el principio de extraterritorialidad, por lo que la justicia persigue a los responsables independientemente de su ubicación geográfica.
Aunque el uso de redes privadas virtuales (VPN) es legal en el país bajo el derecho constitucional a la privacidad, las autoridades poseen herramientas para el rastreo de evidencia digital y el desmantelamiento de redes criminales. El sistema judicial venezolano reporta una tasa elevada de condenas exitosas en materia de delitos informáticos durante las últimas décadas.
