(Caracas, 31 de octubre de 2024 – EFE / MundoUR).- El Gobierno de Venezuela, por medio del ministro Yván Gil, criticó este miércoles que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, reiterara que el Ejecutivo de Gustavo Petro no reconocerá un nuevo período presidencial de Nicolás Maduro a menos que el líder chavista presente pruebas de su controvertida reelección, una declaración que Caracas considera como un ataque «por la espalda».
El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, Yván Gil, reaccionó en Telegram a las declaraciones de Murillo, en las que ratificó que «Colombia no otorgará reconocimiento a los resultados» anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, según los cuales Maduro fue reelegido para un tercer sexenio.
«Ante los micrófonos de la prensa, aflora el chantaje que recibe desde la ultraderecha y de los Estados Unidos de Norteamérica, atacando por la espalda, con falsas narrativas que no es capaz de discutir frente a frente», expresó Gil sobre su homólogo colombiano.
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Y agregó: «Venezuela le responderá en su momento y se arrepentirá de la constante intromisión en nuestros asuntos internos».
Antes, a través de X, Murillo señaló que la postura del Gobierno de Petro «sigue siendo clara» frente a la denuncia de fraude que ha hecho la mayor coalición opositora venezolana -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)-, al asegurar que su candidato, Edmundo González Urrutia, venció por amplio margen a Maduro en las presidenciales del 28 de julio.
«La presentación de las actas debe realizarse antes de que culmine el actual período presidencial, el 10 de enero de 2025», subrayó el canciller colombiano, en vista de la falta de publicación de soportes del resultado anunciado, pese a que el cronograma aprobado para estos comicios establece presentar datos desagregados de los votos.
Los Gobiernos de Colombia y Brasil han intentado mediar en la crisis que vive Venezuela desde que el CNE -controlado por rectores cercanos al Gobierno- anunciara la victoria de Maduro, posteriormente convalidada por el Tribunal Supremo, también dirigido por magistrados afines al chavismo.
