(San José, 14 de noviembre de 2024 – EFE / MundoUR).- El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el obispo Carlos Enrique Herrera, fue expulsado de su país tras denunciar en una misa el sacrilegio del alcalde sandinista del municipio de Jinotega, Leónidas Centeno, informó un sacerdote y una investigadora que da seguimientos a esos casos.
El obispo Herrera, de 75 años, fue enviado a Guatemala por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, dijo a periodistas el sacerdote nicaragüense exiliado Erick Díaz.
«Es una confabulación entre el comisionado Horacio Rocha, el paramilitar y alcalde Leónidas Centeno y el sacerdote Rafael Ríos. Ellos tres siempre andaban detrás de la cabeza del obispo Herrera», dijo, por su lado, la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, autora del estudio ‘Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?’.
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Según los denunciantes, las autoridades obligaron al obispo Herrerra ir al aeropuerto internacional de Managua, y de allí «lo desterraron a Guatemala ayer» 13 de noviembre», donde fue recibido en la Casa Provincial de los Frailes Franciscanos, la orden religiosa a la cual pertenece.
Herrera se convierte en el tercer obispo nicaragüense en ser expulsado de Nicaragua en el último año. Los otros dos son los obispos excarcelados Rolando Álvarez, de la diócesis de Matagalpa (norte), e Isidoro Mora, de la diócesis de Siuna (Caribe).
¿Qué pasó con ese obispo en Nicaragua?
El obispo nicaragüense fue expulsado luego de que el pasado 10 de noviembre, durante la eucaristía, criticara el bullicio de una actividad de la Alcaldía de Jinotega, que le impedía dar y escuchar la ceremonia.
«Pidamos al Señor perdón por nuestras faltas y también por aquellos que no respetan el culto, verdad, pidiéndole porque este es un sacrilegio que está cometiendo el alcalde (Centeno) y todas las autoridades municipales, y vayan a decírselo porque saben la hora de la misa”, expresó el jerarca.
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Herrera fue nombrado como presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el período 2021-2024, durante la asamblea anual realizada por los obispos en noviembre de 2021.
También era el presidente de la pastoral social de la Iglesia católica, Cáritas Nicaragua, ilegalizada por las autoridades nicaragüenses, y desde ese cargo denunció el bloqueo aduanero que el Gobierno de Ortega impuso a la pastoral desde 2019, impidiendo la recepción de donaciones del exterior.
Además fue uno de los obispos que dijo que no había garantías de transparencias en las elecciones del 7 de noviembre de 2021, en las que se impuso Ortega con sus principales contrincantes en prisión.
