(Madrid, 29 de noviembre de 2025 – EFE / MundoUR).- Las peticiones de asilo de colombianos y peruanos en España han bajado más de un 68 % desde que entró en vigor el pasado 20 de mayo el nuevo reglamento de extranjería, que se propuso evitar que se solicitara protección internacional sin necesitarla como vía para residir legalmente en España.
Desde que comenzó a tener efecto la reforma, el tiempo que una persona pasa en España esperando a que resuelvan su solicitud de asilo -que pueden ser años porque el sistema acumula muchos retrasos- ya no computa para pedir después un permiso de residencia por arraigo en el caso de que la solicitud sea denegada.
De esta forma, si su solicitud es rechazada después de meses o años residiendo y trabajando legalmente en España, caerá en la irregularidad y tendrá que esperar al menos otros dos años hasta conseguir los papeles, lo que muchas ONG consideran una discriminación hacia los peticionarios de asilo.
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Seis meses después de la entrada en vigor del nuevo reglamento, ya puede verse su efecto en los datos.
Según cifras del Ministerio del Interior español facilitadas a EFE, entre el 20 de mayo y el 31 de octubre de 2025 se han registrado 63.024 solicitudes, un 15,82 % menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 74.872.
La tendencia es contraria a la de los últimos años, puesto que las peticiones no han parado de crecer desde 2012, a excepción de la pandemia del coronavirus.
Se desploman las solicitudes de Colombia y Perú y suben las de Venezuela en España
Las bajadas más significativas son de dos de las nacionalidades que más solicitan protección: Colombia -cuyas peticiones han caído un 68,60 %, de las 16.967 de 2024 a las 5.328 de este año- y las de Perú, con una caída del 72,63 %, al pasar de 4.413 a 1.208.
Para el codirector de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mauricio Valiente, estos datos muestran una «relación milimétrica» con la reforma del reglamento y su calculada «disuasión» de recurrir a la vía del asilo que, en su opinión, tiene un «efecto injusto» para estas dos nacionalidades.
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No ocurre igual en el caso de Venezuela, que lidera el número de solicitudes en los dos periodos, con un aumento del 23,69 %. Esto se explica porque a la gran mayoría de peticiones de este país se les deniega la protección internacional pero se les concede una autorización de residencia por razones humanitarias (el 98 % en 2024).
Detrás de este aumento, Valiente ve el desvío de la ruta migratoria por parte de muchos venezolanos que estaban en tránsito o pensando en migrar a Estados Unidos y han «reorientado su decisión» ante «la estrategia de externalización» de Donald Trump y el «incremento de la desestabilización» y amenaza de guerra por parte del país norteamericano, que ha empujado a más personas a salir del país.
Las ONG ven un «castigo» injusto a ciertas nacionalidades
Pero entonces, ¿este descenso de las solicitudes de asilo es positivo o negativo? Depende para quién.
El Gobierno lo interpreta como una muestra de que, efectivamente, había muchas personas que en el pasado estaban pidiendo asilo sin necesitarlo -como una vía para regularizar su situación en España- pero entidades que velan por los derechos de los migrantes lo ven como una medida que «castiga» a quienes solicitan protección internacional y se la deniegan.
Para CEAR, no existe un «abuso» del asilo, como esgrime el Ejecutivo, sino más bien al revés: «Hay un abuso por parte del Gobierno en la utilización del argumento del control de la extranjería para denegar el asilo a muchas personas de Colombia que sí lo necesitan», lamenta Valiente.
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Defiende que si hubiera canales de extranjería «abiertos y accesibles y que no penalizaran», esta decisión sería «mucho más libre» y si el Gobierno resolviera las solicitudes de asilo en el tiempo marcado por la ley -6 meses- las personas no podrían ‘aprovecharse’ de este periodo de espera, como se les acusa.
Por estos motivos, siete organizaciones -entre ellas la Asociación Pro Derechos Humanos de España, Cáritas o CEAR- recurrieron esta parte de la norma ante el Tribunal Supremo, que aún tiene que pronunciarse.
