(La Haya, 6 de mayo de 2026 – MundoUR).- El representante de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, inició este miércoles la defensa de nuestro país ante esa instancia por los derechos sobre el Esequibo; asegurando que la presencia de nuestra delegación no reconoce la jurisdicción del tribunal para resolver el diferendo porque es el Acuerdo de Ginebra de 1966 el instrumento válido para ello.
Moncada declaró ante la CIJ que “los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela está decidida a defenderlos en paz” y dijo que los argumentos presentados por Guyana de una presunta amenaza a su territorio soberano son una “interpretación errónea flagrante, y una presentación deliberadamente engañosa de los hechos y el derecho”.
Destacó en su exposición que Venezuela, en vez de perjudicar su crecimiento económico, más bien lo ha fomentado y estado a favor de su desarrollo; poniendo como ejemplo el acuerdo sostenido hasta 2015 entre Caracas y Georgetown en el marco de Petrocaribe donde nuestro país vendía petróleo a bajo costo versus la compra de arroz guyanés a sobreprecio.
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Reiteró que el Laudo Arbitral de París de 1899 es írrito y que fue parte de la «diplomacia de las cañoneras» donde los imperios de entonces, el británico y estadounidense, buscaron perjudicar a Venezuela con el despojo del Esequibo.
Por ello, Samuel Moncada reafirmó la postura venezolana de que la CIJ no tiene poder para decidir el caso. “Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado que la delegación de asuntos vitales de la República a instancias jurisdiccionales internacionales ha sido perniciosa para nuestra soberanía e integridad territorial (…) Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral”, añadió.
La CIJ tratará de dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño, y que Caracas declaró nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.
El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la «validez jurídica y el efecto vinculante» de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza de un territorio que reclama Venezuela.
