(Caracas, 14 de mayo de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- La defensa del territorio Esequibo y la preservación de la autonomía nacional constituyen los ejes centrales del debate actual en Venezuela. El historiador Claudio Briseño Monzón y el embajador Óscar Hernández Bernalete coincidieron en que el reclamo es un asunto de soberanía que no admite tintes partidistas ni ideológicos.
Briseño Monzón sostuvo que la mejor herramienta ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) es la denuncia de un fraude procesal en el laudo de 1899. Según el experto: «La única vía jurídica que podríamos otorgarle a Venezuela la posibilidad de que su pretensión sea admitida… sería invocar a la nulidad del laudo… con base en el fraude procesal como vicio único». Esta postura ofreció ventajas en la presentación de pruebas sobre las irregularidades del proceso arbitral histórico.
Por su parte, Hernández Bernalete destacó en entrevista concedida a Román Lozinski para Circuito Éxitos la necesidad de buscar una solución práctica mediante el diálogo. El diplomático planteó que existe la posibilidad de que los jueces inviten a las partes a que «se regrese al acuerdo de Ginebra porque es un instrumento de derecho internacional que ambas partes acordaron». Asimismo, Briseño subrayó que la delimitación de las áreas marinas resulta imposible si antes no ocurre la definición de la frontera terrestre.
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Respecto a las declaraciones de Donald Trump sobre convertir a Venezuela en el «Estado 51» de Estados Unidos, los analistas expresaron un rechazo categórico. Briseño afirmó que tal idea atenta contra los principios de independencia que el país defiende desde 1810. Hernández Bernalete describió esta propuesta como una «bravuconada» sin viabilidad legal o política. El embajador añadió que estas frases tienen un fin mediático para audiencias específicas pero carecen de «asidero real ni posible».
La entrevista reveló el peso de la inversión petrolera en el conflicto. Briseño advirtió que la empresa ExxonMobil financia la campaña de Guyana ante la CIJ, lo cual introduce un fuerte componente económico en la disputa territorial que la corte debe evaluar.
