(Miami, 12 de agosto de 2026 – EFE / MundoUR).- Un tribunal federal de apelaciones en EEUU reactivó dos disposiciones de una ley electoral de Arizona que imponen nuevas restricciones a los votantes, incluidas la posibilidad de cancelar su registro cuando se mudan a otra jurisdicción y una medida que penaliza la entrega de determinados «mecanismos para votar».
La decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito se produce tres meses antes de las elecciones de noviembre y afecta principalmente a electores latinos, según organizaciones civiles, que consideran «vago» el lenguaje de las restricciones.
La organizaciones Voto Latino, Arizona Alliance for Retired Americans y Priorities USA habían demandado judicialmente para bloquear estas disposiciones de la ley S.B. 1260, aprobada en 2022, al considerar que violaban la Constitución y la legislación federal.
La directora ejecutiva de Voto Latino Beatriz López afirmó en un comunicado que la decisión afectará especialmente a votantes que se han mudado, incluidos estudiantes, jubilados y electores de comunidades minoritarias.
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«Esta decisión es un ataque directo contra los votantes de Arizona, y los votantes latinos serán quienes sufran sus mayores consecuencias», expresó.
Detalló que desde las elecciones de 2024, más de 85.000 latinos han adquirido el derecho a votar en el estado, «electores que recién se incorporan al padrón y que ahora enfrentan nuevas barreras incluso antes de emitir su primer voto».
Las elecciones del 3 de noviembre en Arizona tendrán como principal foco la disputa por la Gobernación, donde la demócrata Katie Hobbs buscará la reelección frente al republicano Andy Biggs.
También estarán en juego los nueve escaños de Arizona en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Washington, actualmente con mayoría republicana.
Arizona cuenta con 1,52 millones de republicanos registrados (35,4 %) y 1,21 millones de demócratas (28,1 %), según los últimos datos de registro electoral del estado.
Sin embargo, el grupo más numeroso es el de quienes no están afiliados a ninguno de los dos grandes partidos, con alrededor de 1,57 millones de electores (36,5 %), un bloque que puede resultar decisivo en un estado considerado clave para las elecciones nacionales.
