QUITO.- El Banco Central de Ecuador presentó este viernes un informe en el que calculó en 821 millones de dólares las pérdidas registradas durante el llamado Paro Nacional del Pueblo, entre el 3 y 13 de octubre pasado y que concluyó con una decena de muertos y más de 1.500 heridos.
La paralización de octubre «dejó daños y pérdidas por 821,68 millones» de dólares, se precisó en el informe elaborado por el Banco Central, conjuntamente con el Banco Mundial que facilitó para este fin su programa sobre Evaluación de Daños y Pérdidas Post-desastre (DaLA, por sus siglas en inglés).
Ecuador vivió en octubre pasado once días de disturbios y protestas por la eliminación de los subsidios a las gasolinas, una decisión tomada por decreto por el presidente del país, Lenín Moreno, en el marco de un acuerdo crediticio por 4.200 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Las protestas terminaron una vez que Moreno derogó el polémico decreto tras alcanzar un acuerdo con los líderes indígenas de las protestas.
Según el estudio económico del Banco Central, en el periodo de paralizaciones se registraron 120,07 millones de dólares en daños a a bienes muebles e inmuebles y 701,62 millones en pérdidas por «ingresos no percibidos por falta de ventas».
Esas pérdidas, se precisa en el informe, significaron un impacto negativo de 0,13 por ciento en la previsión de la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), a precios constantes para 2019.
Las pérdidas y daños en el sector productivo sumaron 465,84 millones, seguido de la infraestructura, con 312,34 millones; mientras que el sub-sector del comercio registró una afectación de 196,66 millones, energía e hidrocarburos de 186,97 millones, turismo de 82,26 millones, industria de 78,24 millones y transporte de 76,74 millones, entre los más relevantes.
Estos resultados se obtuvieron al aplicar la metodología del Banco Mundial sobre Evaluación de Daños y Pérdidas Post-desastre y sobre la base de la información recogida de entidades públicas como la agencia de recaudación tributaria (Servicio de Rentas Internas), el de Gestión de Riesgos y Emergencias, el Municipio de Quito y los ministerios de Energía, Turismo, Salud Pública y Agricultura y Ganadería.
También aportaron con información varias entidades del sector privado como la Cámara de la Producción, la Federación de Exportadores, la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, entre otros, se precisa en el informe.
Además, el Banco Central indicó que los resultados de esta investigación «se han incorporado en la Previsión Macroeconómica para el año 2019».
Las duras protestas de octubre de 2019 en Ecuador generaron reacción en varios organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha pedido a las autoridades ecuatorianas que investiguen y castiguen a los responsables del aparente uso excesivo de la fuerza, así como a la población responsable de los saqueos que también se registraron.
De su lado, el Gobierno ecuatoriano ha considerado como subjetivo el informe de la CIDH, al no considerar el contexto violento de las manifestaciones.
«Es una apreciación de la Comisión (Interamericana) de Derechos Humanos que encontramos absolutamente subjetiva», manifestó recientemente el canciller ecuatoriano, José Valencia, pues consideró que la valoración del organismo «no examina el hecho de que no haya un solo herido de bala durante los eventos de octubre».
Según él, la fuerza pública «tuvo una gran restricción» y «cuidado» en que los medios empleados sirvieran específicamente para mantener el orden e impedir que se produjeran excesos.
En el contexto de las protestas murieron, según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, una decena de personas y más de 1.500 resultaron heridas, de ellas 435 miembros de las fuerzas de seguridad.
EFE/SPLL
