Madrid, 11 abr (EFE).- La coalición Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) han presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Tribunal Supremo (TS) y la Fiscalía españoles por «negarse a investigar las actuaciones presuntamente delictivas» del rey emérito Juan Carlos I.
“La Justicia española -especifica la demanda- ha dado carta blanca al exmonarca para que pueda delinquir sobre persona o bienes jurídicos especialmente protegidos sin que tenga responsabilidad penal alguna”.
Argumentan los denunciantes que «la naturaleza opaca” del Alto Tribunal y de la Fiscalía queda patente en que no practicaron ninguna diligencia desde que, en diciembre de 2018, IU y el PCE registraron una querella contra el rey emérito de España.
Estas formaciones políticas acusaban a Juan Carlos I de la posible comisión de hasta 13 delitos, entre ellos cohecho, fraude, tráfico de influencias y constitución de grupo criminal en relación con supuestas cuentas opacas en Suiza y cobro de comisiones por la adjudicación de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí) a un consorcio español.
Igualmente se oponen a la interpretación que hace el TS de la inviolabilidad de la que goza el padre de Felipe VI, que, «en buena medida, sirvió para rechazar durante esos más de dos años la querella y archivarla de manera sucesiva«.
Tampoco lograron el amparo del Tribunal Constitucional, al que recurrieron en 2021, con lo que, según subrayan, se agotaron las vías para que la Justicia española investigara a Juan Carlos I.
Los demandantes consideran que ha sido vulnerado el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), al que está obligada España, porque el Supremo, “con un claro ánimo exculpatorio a ultranza”, archivó la querella sin practicar diligencia.
También lamentan que los magistrados del TS, en el auto de archivo, «denigran» a los querellantes y llegan a tacharles de ‘profesionales de la acción popular’, lo que, a su juicio, refleja «una evidente animadversión y hostilidad contra ellos».
Recientemente, la Fiscalía española archivó las diligencias de investigación sobre el rey Juan Carlos abiertas desde 2020 al haber prescrito los hechos o haber sucedido antes de 2014 (año en que abdicó en su hijo), cuando estaba protegido por la inviolabilidad como jefe del Estado.
El Ministerio Público investigaba el presunto cobro de comisiones, donaciones no declaradas, sobre las que el rey emérito efectuó dos regularizaciones fiscales por valor de unos cinco millones de euros, y posible ocultación de fondos en paraísos fiscales. EFE
