(Bruselas, 25 febrero de 2023. EFE).- La Unión Europea adoptó este sábado el décimo paquete de sanciones contra Rusia. Esto incluye, entre otras cuestiones, un veto a la exportación de tecnología de uso militar y medidas contra empresas iraníes.
Los Veintisiete llegaron a un acuerdo a nivel de embajadores»in extremis», coincidiendo con el primer aniversario de la guerra en Ucrania, y se dieron hasta las 11.30 horas de hoy para refrendar lo pactado. Las sanciones serán publicadas en las próximas horas en el Diario Oficial de la UE como último paso.
«Ahora tenemos las mayores sanciones nunca impuestas, agotando el arsenal de guerra de Rusia y mordiendo profundamente su economía. También estamos aumentando la presión sobre aquellos que intentan sortear nuestras sanciones». Esto lo destacó en Twitter la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
«El décimo paquete de sanciones está adoptado», celebró en la misma red social el alto representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, quien añadió que el bloque «sigue comprometido en su determinación para hacer mella en la máquina de guerra de Rusia».
El paquete acordado incluye, por ejemplo, restricciones más estrictas a la exportación de tecnología y productos de doble uso, medidas restringidas selectivas contra personas y entidades que apoyen la guerra, difundan propaganda o entreguen drones utilizados por Rusia en la guerra.
También incluye 47 componentes electrónicos que Rusia puede utilizar en sus sistemas armamentísticos, como pueden ser drones, misiles y helicópteros.
¿Que empresas contempla esta medida?
El décimo paquete de represalias contra el Kremlin sanciona también a siete empresas iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria que fabrican los drones que Teherán está dando a Moscú para bombardear Ucrania e inicia el procedimiento para suspender las licencias de emisión a RT Arabic y Sputnik Arabic.
Las nuevas medidas incluyen a 121 individuos y empresas rusas, entre ellos a miembros del Ejército «responsables de la deportación y adopción forzada de al menos 6.000 menores ucranianos», destacó Borrell.
De la misma forma, introduce nuevas obligaciones de información con respecto a los fondos y recursos económicos de personas y entidades sancionadas, así como sobre reservas y activos del Banco Central de Rusia inmovilizados por los Estados miembros.
