(Caracas, 19 de octubre de 2023, José Luis Carrillo/MundoUR).- El abogado Joel García aseguró que al menos dos de los considerados presos políticos que fueron liberados la noche del miércoles 18 de octubre seguirán con los procesos judiciales en su contra, ya que no les fue otorgada la libertad plena.

García, quien defiende la causa del dirigente político Juan Requesens y al periodista Roland Carreño, explicó que en el caso de sus representados se debe hablar de excarcelación y podrían volver a prisión.

Detalló que no hay una medida absolutoria, un indulto, como ocurrió hace cuatro años cuando liberaron a los dirigentes políticos Nicmer Evans, Roberto Marrero y Demóstenes Quijada, quienes sí obtuvieron el cese de las causas en su contra.

Junto a Requesens y Carreño y luego de la firma de acuerdos preliminares entre las delegaciones de gobierno y oposición en Barbados, fue liberado Marco Antonio Garcés Carapaica, vinculado con el caso del estadounidense Mathew John Head, exintegrante de la Marina de ese país, quien fue acusado de realizar actividades de espionaje y desestabilización.

También recibieron el beneficio Eurinel Rincón, exsecretaria de en el ministerio de Defensa imputada por traición a la patria tras aparecer en una foto con el dirigente opositor Gilmer Caro, y la cardiólogo Mariana Barreto, quien fue detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina en una estación de servicio.

Abogado destaca incongruencia en casos de presos políticos

El abogado Joel García detalló que en el caso del periodista Carreño, ya se había hecho la apertura al juicio oral y público y la primera audiencia se tenía prevista para hoy jueves 19 de octubre cuando estaba prevista la evacuación de pruebas.

El proceso continuará con el profesional de la información estando en libertad.

Carreño fue acusado de «lavado de dinero», «tráfico ilícito de armas de guerra y municiones», «conspiración»​ y «financiamiento al terrorismo». Sus allegados han asegurado que se trata de una retaliación por la fuga del dirigente del partido Voluntad Popular Leopoldo López.

En cuanto al caso de Requesens, el proceso está en la Corte de Apelaciones y se espera la convocatoria a una audiencia oral y pública que lleva retrasada 11 meses.

García explicó que se apeló la sentencia de ocho años de prisión porque fue condenado por un delito del cual no fue acusado.

“Hay un principio procesal que se denomina congruencia. Debe haber congruencia entre acusación y sentencia, y en este caso es incongruente la condena. La apelación versa sobre la incoherencia, por lo que debería la Corte decretar la absolutoria”, expresó el abogado.

Advirtió que, al no recibir indultos “la espada de Damocles” continúa sobre estas personas.