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ONU concluye que policía peruana hizo un uso excesivo de fuerza en protestas

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(Ginebra, 12 enero de 2021).- La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que investigó los incidentes ocurridos en las protestas de noviembre de 2020 en Perú concluyó hoy que la Policía «hizo un uso innecesario y excesivo de la fuerza» y se incumplieron los estándares internacionales de derechos humanos.

La misión, que llevó a cabo sus investigaciones en Lima del 17 al 22 de noviembre, destacó entre otras conclusiones que los agentes de Policía no hicieron distinción entre manifestantes pacíficos, que integraban la mayor parte de las protestas, y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.

La alta comisionada de la ONU para derechos humanos, Michelle Bachelet, señaló al publicarse los resultados de la misión que «el Estado debe defender el derecho de las víctimas y sus familias a la justicia, la verdad y la reparación, incluida la no repetición».

Las protestas se iniciaron el 9 de noviembre, a raíz de que el Congreso destituyera al presidente Martín Vizcarra, y los sucesos más graves se registraron el día 14 de ese mes, en el que hubo dos muertos y casi 200 heridos.

El informe de la oficina de la ONU, que entrevistó a víctimas y testigos de esos sucesos, afirma que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, «de manera indiscriminada y a corta distancia».

Los dos fallecidos el 14 de noviembre murieron por disparos con este tipo de perdigones, que impactaron contra su torso, siempre según el informe.

Bachelet recordó que la fuerza letal solo puede usarse para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves, y que ese tipo de armas deben ser empleadas únicamente en situaciones donde medidas menos dañinas sean claramente ineficaces para enfrentar una posible amenaza.

La expresidenta chilena indicó que las denuncias de violaciones de derechos humanos en las protestas deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, aunque subrayó que en algunos casos las pesquisas preliminares ya se han iniciado.

«El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas, pero es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos», expresó la principal responsable de la ONU en materia de derechos humanos.

El informe también señaló que agentes de policía vestidos de civil no se identificaron como tales cuando realizaron detenciones, contraviniendo las normas internacionales, y que algunas víctimas denunciaron no haber tenido acceso a asistencia legal o hasta fueron presionadas para firmar declaraciones autoinculpatorias.

Además, «varias personas entrevistadas describieron estar recluidos en condiciones degradantes e insalubres, sin medidas preventivas contra la COVID-19», y por otro lado diez de ellas dijeron haber sufrido abusos físicos y otras ocho de tipo psicológico, lo que podría constituir tortura o malos tratos.

La misión recibió información sobre ocho casos de violencia sexual y de género contra mujeres y hombres, y denuncias de restricciones, amenazas y ataques a periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, así como a personas defensoras de derechos humanos que cubrían las protestas.

«Espero verdaderamente que las autoridades, tanto del gobierno como del Congreso, tomen las medidas necesarias para garantizar que los órganos encargados de hacer cumplir la ley se comporten de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos», concluyó Bachelet.

La oficina que dirige pidió a la vista de los resultados del informe enmendar la ley peruana de protección policial de conformidad con las normas y estándares internacionales, incluyendo el principio de proporcionalidad, y derogar la exención de responsabilidad de los policías que causen muertes o lesiones.

Bachelet se mostró preocupada asimismo por ciertos «patrones de violencia institucional en el país» que también se advirtieron en las posteriores protestas agrarias de diciembre, en las regiones de Ica y La Libertad, donde se registraron al menos tres fallecidos.

La portavoz de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Liz Throssell subrayó al presentar los resultados de la misión en rueda de prensa que el Gobierno peruano cooperó positivamente a la hora de facilitar las investigaciones, y que conoce los resultados de las pesquisas.

«Esperamos que las recomendaciones del informe ayuden al Gobierno a avanzar», señaló Throssell, quien subrayó el hecho de que las investigaciones sobre los incidentes de noviembre ya hayan comenzado en Perú pero afirmó que algunos familiares de las víctimas se han quejado de los escasos avances en las pesquisas. EFE

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