(Caracas 21 de enero de 2020. Julieta Tamayo) La abogada defensora de los Derechos Humanos y directora del centro para los Defensores y la Justicia, Mariana Romero, recordó que el uso de programas de transferencias monetarias para responder a la emergencia humanitaria son reconocidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como acciones legítimas. “No son acciones novedosas que se están implementando en nuestro país” , agregó.

Asimismo, destacó que en el pasado agencias de Naciones Unidas han desarrollado este tipo de programas en contextos de crisis y de emergencia para atender las necesidades de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad. «Por lo tanto ejecutar este tipo de programa en nuestro país no debe ser considerado como un delito» , dijo.

«Como centro para los defensores y la justicia reiteramos la necesidad de que el estado venezolano cese le persecución y cese la criminalización entendiendo que la acción humanitario no es un delito», ratificó.

Destacó, que solo en el año 2020 lograron documentar al menos 303 situaciones que comprometen el trabajo de las organizaciones y personas defensoras de DDHH.