(Bruselas, 09 de febrero de 2021. EFE).- El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, expuso hoy en el debate del Parlamento Europeo sobre la situación de Birmania (Myanmar) que los Veintisiete tienen la posibilidad de aplicar sanciones selectivas contra personas y empresas propiedad de los militares del país, quienes han sido los responsables del golpe de Estado del 1 de febrero.
«Tenemos tres instrumentos para utilizar. Primero, considerar sanciones selectivas adicionales sobre individuos y empresas propiedad del ejército -sabéis que en estos países el ejército es un gran poder económico; poseen una parte importante de la infraestructura económica del país», dijo Borrell.
Asimismo, puntualizó que se están valorando las posibilidades de revisar la asistencia para el desarrollo en Birmania y evaluar el uso de la iniciativa europea de preferencias comerciales Todo menos armas (ABE).
El golpe de Estado en Birmania “significó que se volvió atrás en la Historia”, recalcó Borrell, por lo que aseguró que es crucial una actuación rápida de forma contundente y en coordinación con los socios de la UE, con el fin de evitar que los militares se asienten en el poder.
“Nos hemos comprometido con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), India, Estados Unidos, Australia y también discutimos la situación con el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi”, aclaró Borrell, ya que según añadió, la UE no podría conseguir cambios en Birmania sin una coordinación con las grandes potencias.
Sin embargo, el alto representante subrayó que tampoco se puede hacer de manera precipitada, sino que se deben valorar las repercusiones en la sociedad.
Borrell detalló que en el sector textil de Birmania trabajan cerca de 500.000 personas, principalmente mujeres, que se verían gravemente afectadas si se retiran las preferencias comerciales.
Por su parte, el alemán Daniel Caspary, del grupo del Partido Popular Europeo, puntualizó que si se adoptan más sanciones también se debilitará el poder económico de la UE en la región, donde “el 8 % de las exportaciones que llegan a Birmania son europeas”.
La eurodiputada Mazaly Aguilar, del grupo de los Conservadores y reformistas europeos, propuso que la Comisión debe revisar la aplicación del sistema de preferencias generalizadas y paralizar la importación a la UE del arroz procedente de Birmania.
Además, en el debate se señaló que los Estados miembros podrían retirar a los embajadores del país asiático, pero Borrell argumentó que con esta medida se cortarían los canales de comunicación y se reduciría la capacidad de la UE de actuar en el terreno y de recopilar información.
Por lo tanto, el alto representante detalló que los objetivos a corto plazo se enfocan en la liberación inmediata y sin condiciones de quienes han sido encarcelados tras el golpe de Estado y que se cree algún canal para el diálogo.
La representante del grupo de la Izquierda, Marisa Matías, expuso que su grupo condena esta situación en la que se ha violado la Constitución, pero también desaprueba la violación de los derechos humanos, cuando el propio Gobierno democrático de Birmania “falló a la hora de reconocer a la etnia Rohinyá”.
“Queremos apoyar la transición democrática”, dijo Borrell, y aunque existen desacuerdos después de los eventos de 2017 contra la etnia Rohinyá, la UE continuará pidiendo que vuelva el Gobierno y “que puedan pagar sus culpas por este genocidio”.
