(Nairobi, 11 febrero, 2021).- Human Rights Watch (HRW) acusó hoy al Ejército de Etiopía de «bombardeos aparentemente indiscriminados» en áreas urbanas de la región de Tigray (norte) cometidos en noviembre pasado, que causaron al menos 83 civiles muertos, incluidos niños, y más de 300 heridos.
En un comunicado emitido en Nairobi, la organización subrayó que esos ataques, perpetrados al inicio del conflicto entre el Gobierno central y esa región díscola fronteriza con Eritrea y Sudán, constituyen una «violación de las leyes de la guerra».
Los ataques de artillería al comienzo del conflicto armado alcanzaron hogares, hospitales, escuelas y mercados en la capital tigriña, Mekele, y las ciudades de Humera y Shire, precisó HRW.
«Estos ataques han destrozado la vida de civiles en Tigray y han desplazado a miles de personas, lo que subraya la urgencia de poner fin a los ataques ilegales y hacer que los responsables rindan cuentas», subrayó la directora para el Cuerno de África de Human Rights Watch, Laetitia Bader.
Para llegar a esas conclusiones, HRW entrevistó a 37 testigos y víctimas de los ataques del Gobierno central contra Humera, Shire y Mekele, así como a nueve periodistas, trabajadores humanitarios y expertos forenses y de derechos humanos.
Las entrevistas se efectuaron en persona en Sudán y por teléfono entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Human Rights Watch también analizó imágenes satelitales y revisó fotografías y vídeos de los lugares de seis ataques que corroboraron los relatos de testigos.
Los hallazgos de la ONG contradicen al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, que en un discurso parlamentario pronunciado el pasado 30 de noviembre aseguró que el Ejército no provocó víctimas civiles durante sus operaciones militares en Tigray ese mes.
«A medida que sale a la luz el número de víctimas civiles del conflicto de Tigray, queda claro que se necesita desesperadamente una investigación exhaustiva de las presuntas violaciones de las leyes de guerra en la región que allanen el camino hacia la justicia», aseveró Bader.
«El Gobierno etíope -agregó la directora- debería permitir de inmediato que los investigadores de la ONU en Tigray documenten la conducta de las partes beligerantes en un conflicto que ha devastado la vida de millones y que ya no debería ser ignorado».
El conflicto estalló el 4 de noviembre después de que el Gobierno central atacara al Frente Popular de Liberación de Tigray (FPLT), partido que entonces gobernaba la región antes de ser derrocado, en represalia por una agresión de fuerzas tigriñas a una base del Ejército etíope en ese territorio.
El 28 de noviembre, tras la toma militar de la capital tigriña, Mekele, Abiy anunció el final de la ofensiva contra la región, pero organismos como la ONU avisaron de que aún existían hostilidades y denunciaron la difícil situación de la población civil al no poder recibir ayuda humanitaria.
Las organizaciones humanitarias siguen sin acceso a un 80 % de la población de Tigray, donde unos 3,8 millones de personas necesitan ayuda por el conflicto, denunció ayer la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC).
Asimismo, más de 60.000 personas han huido de la violencia en Tigray al vecino Sudán, según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). EFE
