(Bruselas, 9 junio, 2021).- El Tribunal General de la Unión Europea desestimó este miércoles un recurso presentado contra la decisión de la Comisión Europea de no registrar una iniciativa ciudadana sobre los derechos de las minorías y la democratización de las instituciones españolas, que habían promovido la Asamblea Nacional Catalana y el Consell por la República.
La propuesta, presentada en abril de 2019, mencionaba los «riesgos sistémicos en España, trato dado a las minorías y la urgente necesidad de promover acciones que ayuden a democratizarla y adaptarla a los principios básicos del derecho de la Unión».
La propuesta perseguía que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo «tengan conocimiento de la situación actual en España, sus riesgos sistémicos, la falta de cumplimiento de normas y principios rectores del Derecho de la Unión».
Subrayaba además «la necesidad de activar mecanismos que permitan ayudar a la mejora de la calidad democrática en España y, de esa forma, garantizar los derechos y libertades de las minorías y del conjunto de los ciudadanos españoles a través del derecho y los instrumentos de la Unión».
Como anexo, la propuesta adjuntó información, incluida una descripción de ciertos hechos relacionados con el movimiento en favor de la independencia de Cataluña.
También describía las amenazas sistémicas que, según el comité, esos hechos conllevaban para el Estado de Derecho en España, en particular en relación con el respeto de los principios de legalidad, seguridad jurídica y libertad de expresión, entre otros.
En julio de 2019 la Comisión denegó el registro de la propuesta tras llegar a la conclusión de que la propuesta estaba «manifiestamente fuera del ámbito de sus competencias para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados».
El comité recurrió ante el Tribunal General la decisión de la Comisión, que hoy ha desestimado el recurso al considerar que manifiestamente no se invitó a la Comisión a que presentara una propuesta de acto jurídico de la Unión.
Por ello, Bruselas «consideró acertadamente», según el tribunal, que la propuesta de iniciativa ciudadana europea estaba claramente fuera del ámbito de sus competencias para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión. EFE
