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miércoles, marzo 26, 2025

Más de 4 mil mineros han sido evacuados «voluntariamente» del Parque Nacional Yapacana

(Puerto Ayacucho, 8 de julio de 2023 – MundoUR).- El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb), G/J Domingo Hernández Lárez, informó este sábado en sus redes sociales que más de cuatro mil mineros han sido evacuados del Parque Nacional Yapacana, estado Amazonas.

Hernández Lárez indicó a través de su cuenta en Twitter que este plan obedece al trabajo que lleva adelante la Fuerza Armada Nacional para la protección ambiental en Amazonas de desmantelar campamentos y sacar del Yapacana a los mineros ilegales.

En los videos publicados por el jefe del Ceofanb se evidencia una caravana de personas, cargando sus pertenencias, a través de un área árida y destrozada por la minería ilegal.

Los mineros son conducidos por elementos de la FANB a lanchas con el fin de llevarlos fuera del país, específicamente a Colombia, desde donde se cree que estas personas partieron para llevar a cabo estas operaciones irregulares.

*Lea también: GRIAM Amazonía: «El impacto de la minería ilegal es incalculable»

La ONG Fundaredes denunció el viernes 20 de enero que los parques nacionales y monumentos naturales de Venezuela sufren un «proceso de destrucción masiva que afecta la biodiversidad, los ecosistemas, la preservación de los afluentes hídricos y por consiguiente el derecho a la vida», como consecuencia de «la permisividad e indiferencia» del Estado.

En un informe ambiental, la organización detalló que «Venezuela cuenta con 44 parques nacionales, 36 monumentos naturales y 76 parques de recreación distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional, los cuales, a consecuencia del abandono, actividades extractivistas, intereses económicos y la indiferencia estatal, vienen sufriendo un proceso de destrucción masiva».

La ONG advirtió nuevamente del «grave riesgo» en el que se encuentran estos espacios como consecuencia de la minería ilegal que se practica dentro de zonas protegidas, y responsabilizó al Estado de ser cómplice de estas actividades. 

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