(Caracas, 24 de octubre de 2023, José Luis Carrillo/MundoUR).- El presidente de la firma Datanálisis, Luis Vicente León, manifestó su convicción de que la candidata vencedora de las primarias opositoras, María Corina Machado, no podrá inscribirse en las elecciones presidenciales de 2024 porque el gobierno nacional no va a ceder en este tema.
En entrevista con Pedro Penzini López en el programa “Penzini con Todo”, León sostuvo que está clarísimo que el gobierno no va a ceder en la inhabilitación de Machado.
Aseguró que es poco probable que el gobierno vaya a permitir la participación de Machado en una elección.
El gobierno no va a ceder, pero María Corina Machado tiene el derecho de defenderse
“Una elección democrática es aquella donde puedes ganar o perder y el que pierde puede seguir activo en política y puede aspirar en el futuro a ganar; ahora, si me dices que si me dejas participar y si yo gano te destruyo, te meto preso, me llevo a tu hijo, tu esposa, destruyo toda tu revolución y te impido que vuelvas a participar en el futuro, ¿cuáles posibilidades hay de que ese sector se suba en el ring? Ninguna”, indicó León.
Aclaró que respalda el derecho que tiene Machado de luchar para inscribir su candidatura, pero acotó que el análisis empírico dice que no lo va a poder hacer.
No obstante, advirtió que la política es relancina, y que una muestra es que el gobierno nacional tampoco quería que se realizaran las primarias.
Añadió que «los procesos de negociación política son así, con pasos adelante, pasos atrás, reconocimiento, seguimiento, no es un acuerdo entre panas, sino adversarios y con poca confianza uno de otro».
Debate teórico jurídico
Explicó que todo esto se enmarca en una parte que es ambigua dentro de los acuerdos suscritos por las delegaciones del presidente Nicolás Maduro y de la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados.
Esa parte es la que dice que cualquier persona podrá optar a la candidatura presidencial siempre que se cumplan los requisitos de ley, algo que interpretan de una manera los integrantes de la oposición y los del gobierno.
Detalló que existe un debate teórico jurídico entre la interpretación que hace la oposición, que resalta que la Constitución establece que ninguna persona puede ser privado de sus derechos políticos a menos que tenga una sentencia firme en su contra, y la que hace el gobierno, que dice que exhibe como válida la ley de la Contraloría General de la República, que faculta a este organismo para inhabilitar políticamente, posición sobre la cual no va a ceder.