(Caracas, 11 de noviembre de 2023 – EFE / MundoUR).- Dos funcionarios fueron detenidos el viernes 10 de noviembre en Venezuela durante la intervención en el Internado Judicial de San Felipe, conocido también como «La Cuarta» y que está ubicado en el estado Yaracuy, la séptima cárcel tomada por las autoridades desde septiembre, informó el ministro de Interior y Justicia, A/J Remigio Ceballos, sin explicar el motivo de las capturas.
«Tenemos dos funcionarios detenidos y una ciudadana, los cuales están puestos a la orden del Ministerio Público y los tribunales», dijo al canal estatal VTV, sin ofrecer más detalles al respecto.
El ministro indicó que, durante el operativo, llevado a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional (PNB), además de otros cuerpos de seguridad, se incautaron 29 armas cortas y 9 largas, 22 «cargadores de diferentes calibres, más de 1.000 cartuchos» y municiones.
«Hemos logrado el control total de este internado judicial de Yaracuy, ha sido un trabajo arduo de coordinación entre todos los órganos de seguridad ciudadana», dijo Ceballos, quien reiteró que este operativo se enmarca en una operación para el reimpulso del sistema penitenciario.
Por otra parte, señaló que, a través de la cooperación internacional, el Gobierno va a «ayudar a capturar a cualquier venezolano» que cometa delitos «fuera del país».
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Ceballos aseguró este viernes haber retomado el control del «100 %» de las cárceles, con la intervención en Yaracuy, que se concretó luego de operativos similares en el Internado Judicial de Trujillo, Vista Hermosa, La Pica, Puente Ayala, Tocuyito y Tocorón, cuna de la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
Durante la intervención en Tocorón, con la que se inició esta operación gubernamental, cuatro agentes de seguridad fueron detenidos por estar «involucrados con algunos de estos hechos», en alusión a las redes criminales que, según el Ejecutivo, operaban desde esta prisión.
Mientras las autoridades subrayan el éxito de estos operativos, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) critica que «no hay transparencia» en la información brindada sobre estos despliegues, algunos de los cuales, aseguran, ocurren después de «avisar» a líderes criminales que escapan antes de la llegada de los policías y militares.
