(Quito, 20 de abril de 2024 – EFE / MundoUR).- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, pone este domingo al voto de la población las reformas que marcarán el rumbo de su Administración, en un referéndum enfocado en combatir al crimen organizado, atraer inversiones y crear empleo, que se celebra menos de un año después de las elecciones generales y en medio de una grave crisis energética, con apagones de hasta ocho horas al día.
Tras ganar las elecciones extraordinarias del año pasado, Noboa ya había adelantado su intención de celebrar este referéndum en los primeros cien días de su mandato, pero al final se hará cuando está a punto de cumplir cinco meses en el cargo.
Si gana el referéndum, el mandatario tomará impulso con la intención de presentarse a la reelección en los comicios de 2025, pero de tener un resultado negativo perderá fuerza y tendrá más complicado repetir victoria electoral.
Algunas de las once preguntas que componen este referéndum son similares a las propuestas del expresidente Guillermo Lasso (2021-2023) en el plebiscito que convocó en febrero de 2023 y que perdió por completo, lo que lo dejó en una situación muy débil que pocos meses después condujo a las nuevas elecciones que ganó Noboa.
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Termómetro de popularidad para Noboa
A diferencia de Lasso, Noboa llega a esta cita en las urnas con un importante colchón de popularidad que a inicios de año llegó a rondar el 80 %, un nivel parecido al de Nayib Bukele en El Salvador, con el que se le ha comparado mucho por su mano dura contra la criminalidad y política carcelaria.
Y si bien la popularidad de Noboa se disparó desde enero con la declaración de «conflicto armado interno» para combatir a las bandas criminales, está por ver cómo ha influido en su aceptación la crisis energética que estalló esta semana, con apagones de hasta ocho horas al día.
También en las últimas semanas ha repuntado la violencia de las bandas criminales, que en los últimos años han llevado a que Ecuador sea uno de los países con más homicidios per cápita de Latinoamérica, con 45 por cada 100.000 habitantes en 2023.
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Ecuador registró asesinato de dos alcaldes en tres días
Sólo en esta semana han sido asesinados a tiros dos alcaldes de dos poblaciones en cuyos territorios hay presencia de minería ilegal, una de las actividades en las que ha incursionado el crimen organizado, además del narcotráfico.
De las once preguntas del plebiscito, la mayoría están destinadas a dotar al Estado de nuevas herramientas para combatir a la criminalidad organizada, como la que propone que las Fuerzas Armadas puedan apoyar a la Policía en operaciones contra las bandas criminales de forma permanente, sin necesidad de expedir estados de excepción.
Asimismo, también se busca que los militares estén a cargo de controlar los accesos a las cárceles, el epicentro de la crisis de violencia, donde hasta hace unos meses las bandas tenían el control interno de las prisiones y contaban en su interior con grandes arsenales de armas de fuego, explosivos y armas blancas.
Otra pregunta clave es la posibilidad de permitir las extradiciones de ecuatorianos requeridos por la Justicia de otros países.
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Penas más duras
También se plantea elevar las penas en delitos relacionados con el crimen organizado transnacional y eliminar los beneficios penitenciarios para algunos de estos tipos penales, de forma que los condenados bajos esas figuras cumplan toda su condena en la cárcel.
A ello se suma la propuestas de crear un delito de tenencia y porte de armas de uso exclusivo de la Policía y las Fuerzas Armadas y que el armamento incautado a la delincuencia pase inmediatamente a equipar a las fuerzas, además de agilizar el trámite de expropiación de bienes origen ilícito.
Otras cuestiones del referéndum se centran en establecer un sistema de juzgados constitucionales, aceptar los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción para facilitar la llegada de inversiones y permitir los contratos laborales por horas, con la idea de dinamizar la creación de empleo, especialmente para los jóvenes.
Estas dos últimas medidas han suscitado el rechazo de formaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales al considerar que suponer perder soberanía nacional y generar costos mayores al Estado y precarizar el mercado laboral.
