(Caracas, 22 de noviembre, 2024.MundoUR).- La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Galant, por su presunta responsabilidad en crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con la ofensiva israelí en Gaza. Las órdenes, solicitadas por el fiscal de la CPI, Karim Khan, fueron aprobadas en mayo de 2024, tras una investigación sobre los miles de muertos palestinos, especialmente mujeres y niños, durante los últimos conflictos en la región.
Javier Pineda Olcay, especialista en Derecho Internacional y temas del Medio Oriente, explicó el alcance de estas decisiones: «La Corte Penal Internacional tiene como objetivo investigar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En este caso, los cargos contra Netanyahu y Galant incluyen asesinatos masivos, la privación de alimentos y el uso de la población civil como escudo humano, lo cual está categorizado como crímenes de lesa humanidad». Según Pineda, el número de víctimas supera las 40,000 personas, lo que intensifica las acusaciones contra los responsables políticos y militares israelíes.
A pesar de estas órdenes, su ejecución presenta importantes desafíos. Israel no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que rige la CPI, lo que limita la jurisdicción de la Corte en su territorio. «Israel no coopera con la Corte Penal Internacional. Sin embargo, los países que sí lo hacen, como Argentina o algunos miembros de la Unión Europea, están obligados a ejecutar estas órdenes si Netanyahu o Galant visitan sus países», explicó el experto. Esto abre la posibilidad de que se pueda arrestar a los líderes israelíes en el extranjero, siempre y cuando los tribunales nacionales así lo decidan.
Sin embargo, la situación se complica por el contexto político internacional. «Países como Estados Unidos, Israel y Rusia no han firmado el Estatuto de Roma, lo que significa que pueden evitar la ejecución de órdenes de arresto internacionales mediante presiones diplomáticas», indicó Pineda. De hecho, a pesar de las investigaciones previas por crímenes cometidos en Palestina, como las de 2009 y 2014, el fiscal de la CPI no avanzó significativamente hasta la ofensiva de 2023.
En cuanto a la aplicación de las órdenes de arresto, Pineda destacó que «hay ejemplos previos de detenciones de líderes africanos, como el caso de William Ruto de Kenia, que se presentó ante la justicia, pero también casos como el de Omar al Bashir de Sudán, que sigue prófugo en Emiratos Árabes Unidos, lo que demuestra las limitaciones de la CPI para hacer cumplir estas decisiones».
A medida que el conflicto continúa, la comunidad internacional observa cómo se desarrollarán los próximos pasos de la Corte Penal Internacional, y si los países firmantes del Estatuto de Roma actuarán de acuerdo con las órdenes emitidas, lo que podría cambiar el rumbo de la justicia internacional en el contexto del conflicto israelí-palestino.
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