(Caracas, 27 de marzo de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- Catherina Gallardo, experta en derecho constitucional y profesora de la UNIMET, analizó la nueva Ley de Aceleración de Trámites. La especialista definió el texto como una ley de principios cuya efectividad depende de la voluntad política de cada ente público. Según la jurista, el Estado debe facilitar los caminos administrativos para que el empresario enfoque sus recursos en la sustancia económica de su negocio.
La seguridad jurídica se percibe cuando disminuye la intervención estatal y las formalidades innecesarias. «Mientras más formalidad innecesarias establezcas menos seguridades jurídicas vas a tener», afirmó Gallardo en entrevista concedida a Román Lozinski para el Circuito Éxitos.
Para la abogada, la meta de esta normativa es que la interrelación entre el sector privado y el poder público se limite a lo básico: permisos esenciales y retribución tributaria.
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La experta recordó que esta es la cuarta ley con el mismo propósito desde 1999, por lo que el reto reside en su ejecución real. El nuevo marco legal incluye instancias de coordinación con representantes de gobernaciones y alcaldías para unificar criterios. «En la medida que dejes ser al empresario empresario, su actividad será mucho más productiva», concluyó la docente.
