(Caracas, 22 de mayo de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- El sector turístico nacional enfrenta una situación crítica para su sostenibilidad y crecimiento económico. Según estimaciones de Conseturismo, las empresas de este rubro destinan más de la mitad de sus ingresos brutos al cumplimiento de obligaciones tributarias nacionales, estadales y municipales.
Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Conseturismo y de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (AVAVIT), advirtió en entrevista concedida a Román Lozinski para Circuito Éxitos que la arquitectura fiscal actual es sumamente compleja. Herrera afirmó: «Se hace muy cuesta arriba el mantener los negocios cuando estás dentro del marco de la formalidad». Esta presión económica coloca a los prestadores de servicios legales en una situación de desventaja frente al sector informal, el cual no asume impuestos, fiscalizaciones ni multas.
Por su parte, el abogado tributarista Daniel Betancourt explicó que la carga no solo radica en los montos, sino en la exigencia de personal especializado para cumplir con los deberes formales. La lista de tributos incluye el Impuesto sobre la Renta (ISLR), el IVA, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) y la contribución especial del 1% sobre ingresos brutos para el Inatur. Recientemente, se sumó el aporte del 9% correspondiente a la Ley de Pensiones, lo que incrementa el peso financiero sobre las nóminas.
A la presión fiscal se añadió el colapso de los servicios públicos. En regiones con vocación turística como la Isla de Margarita, la operatividad depende de la autogeneración eléctrica y la contratación de camiones cisterna para el suministro de agua. Betancourt enfatizó un punto vital para el sector: «El que no autogenera la electricidad no tiene oportunidad de competir».
Esta realidad reduce la competitividad de Venezuela frente a destinos internacionales como Bogotá o Punta Cana, donde los costos para el turista resultan menores. Aunque la Ley Orgánica de Turismo prevé exenciones de IVA para el turismo receptivo, Herrera aseguró que este beneficio posee un uso escaso en la práctica.
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Ante este escenario, el gremio solicitó un espacio de diálogo con el Ejecutivo para revisar la carga impositiva. La propuesta busca que los pagos fiscales se transformen en incentivos o paliativos que compensen la inversión privada en infraestructura de servicios básicos. Sin estas condiciones mínimas, el sector advirtió que el país se mantendrá solo como un «potencial turístico» sin capacidad de ejecución real.
