(Caracas, 22 de julio de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).– La diputada Alejandra Rodríguez, de la fracción Libertad, señaló que la reforma busca superar un régimen restrictivo y paternalista para establecer un equilibrio jurídico y reglas justas entre propietarios e inquilinos. Entre los cambios fundamentales destaca la eliminación de trabas burocráticas, permitiendo que los contratos se celebren de forma privada o ante una notaría, sin la obligación de pasar por la oficina administrativa (SUNI).
Según Rodríguez, «esta no es una ley propietario ni proinquilino, es una ley para buscar el equilibrio y para crear reglas justas para todo».
En cuanto a las condiciones económicas, el canon de arrendamiento será resultado del libre acuerdo entre las partes y podrá pagarse tanto en bolívares como en divisas. Además, para proteger el valor real del inmueble y evitar la especulación, la ley contempla que los montos puedan actualizarse conforme al Índice de Precios al Consumidor.
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Otros aspectos clave de la propuesta incluyen:
- Habitabilidad y seguridad: Según el artículo 10, los inmuebles «deberán cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad de conformidad con las normas y reglamentos que regulan esa materia».
- Resolución de conflictos: Se incorporan «mecanismos alternativos para conflicto como son la mediación y el arbitraje», además de la opción de acudir a tribunales de municipio mediante juicios breves.
- No discriminación: Ante preocupaciones sobre personas desplazadas por desastres, la ley establece de manera expresa que «se prohíbe la discriminación».
La diputada adelantó que, tras la aprobación de esta reforma, la Asamblea Nacional trabajará en una ley contra las estafas inmobiliarias.
