(Caracas, 5 de agosto de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).– Venezuela fija una hoja de ruta financiera de cara al tercer trimestre de 2026. Los especialistas Andrés Guevara y Jesús Palacios analizaron la complejidad de este proceso tras el doble terremoto de junio. La firma Centerview Partners coordina las gestiones con los acreedores privados en un contexto de vulnerabilidad institucional.
Andrés Guevara, profesor de la UCAB y miembro del Comité Académico de Cedice Libertad, definió el cálculo del monto real como el reto más importante del proceso. Él explicó en entrevista concedida a Unai Amenábar para el Circuito Éxitos: «Estamos frente a una actividad ciertamente compleja… el monto que bien mencionabas tú al inicio de la pregunta es el gran nudo gordiano a responder». Las estimaciones varían entre 150.000 y más de 200.000 millones de dólares.
La clasificación de «estado frágil» ante el Fondo Monetario Internacional afecta las condiciones de los acuerdos. Guevara advirtió: «Esa fragilidad institucional hace que nuestra deuda sea más cara, más difícil de pagar y de negociar». Los acreedores exigirán retornos más altos si no existe una economía con suficiente robustez.
Jesús Palacios destacó que la falta de transparencia estadística y el déficit fiscal aumentan las necesidades de dinero. Según el economista, los sismos de junio «agregan más bien nuevas necesidades de financiamiento al país». Él considera fundamental que los acuerdos futuros sean sostenibles para la República en el largo plazo.
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La reconstrucción de la infraestructura nacional demanda una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares. Palacios señaló: «Venezuela necesita después de los terremotos asistencia rápida o acceso a financiamiento quizás más rápido porque va a generar presiones en cajas». La emergencia impacta sectores críticos como el eléctrico y la vialidad.
Los compromisos por laudos de expropiaciones superan los 20.000 millones de dólares en cortes de arbitraje. Palacios afirmó que estos procesos «mellan la confianza que puede tener instituciones de afuera y empresas y capital privado». El respeto a la propiedad privada es indispensable para atraer inversión extranjera tras la tragedia.
