Pedro Sánchez pidió al Tribunal Supremo frenar el «intento de atropello» que impediría el voto a nietos de exiliados

Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la Embajada de España en el Vaticano. FABIO FRUSTACI/EFE/EFE

(Madrid, 11 de octubre de 2026 – EFE / MundoUR).- El presidente del Gobierno y candidato socialista a las elecciones españolas, Pedro Sánchez, pidió este domingo al Tribunal Supremo frenar el «intento de atropello» de la oposición del PP y Vox contra la llamada ley de nietos porque «en democracia el derecho al voto no se prohíbe» sino que se «garantiza».

«¿Esto qué significa? -se preguntó Sánchez antes de que el Supremo decida si levanta o mantiene una suspensión cautelar que afecta a unos 170.000 votantes- ¿Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar?».

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En su segundo acto de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, celebrado en Ponferrada (oeste), Sánchez se refirió a la ley de nietos, una disposición aprobada en 2022 que permite optar a la nacionalidad española a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio por razones políticas, ideológicas, de creencia o de orientación sexual.

Una semana después de entrar en vigor, en octubre de 2022, el Gobierno aprobó una instrucción para indicar que se «presumirá» la condición de exiliado a todos los españoles que salieron de España entre 1936, cuando comenzó la guerra civil, y 1955, en plena dictadura del general Francisco Franco.

El partido de ultraderecha Voz recurrió la medida y el Tribunal Supremo dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de residentes ausentes vinculadas a esta vía, en espera de una resolución.

El adelanto electoral ha vuelto a poner el tema de actualidad, ya que la Abogacía del Estado ha advertido de la «imposibilidad material» de revisar miles de expedientes a los que afecta la medida cautelar antes de la publicación del censo.

En su discurso de hoy, Sánchez criticó a las derechas por esparcir, a su juicio un «bulo» sobre esta ley y presentar «una denuncia para que no puedan votar 400.000 españoles que votaron en 2023, 2024 y 2025».

La primera pregunta que hay que hacerse, dijo, «es si es constitucional», y planteó si es posible decir «a 400.000 españoles que ya han ejercido su derecho a votar, (…) que no van a poder hacerlo en 2026 porque no lo quiere Feijóo (líder del PP) y no le gusta a Abascal (Vox)».