(Caracas, 02 de junio de 2026. Lismar Rebolledo/MundoUR).- El Ejecutivo nacional anunció una consulta nacional con el objetivo de transformar de raíz el proceso penal en el país. Esta iniciativa surge a la par de la creación de la línea telefónica 0-800-EXTORSIÓN, presentada por Delcy Rodríguez para que los ciudadanos denuncien este tipo de delitos.
La abogada constitucionalista y docente universitaria Mariana Campos Villalba advirtió en entrevista concedida a Román Lozinski para Circuito Éxitos que el éxito de este proceso depende de un diagnóstico real. Según la experta, la falta de transparencia en los datos es un obstáculo crítico, pues la Dirección Ejecutiva de la Magistratura no publica estadísticas sobre el sistema de justicia, limitándose solo a la información de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. «Para tener un diagnóstico tenemos que tener datos».
La reforma planteada busca abordar problemas de larga data como el retardo procesal, la falta de independencia judicial y el sesgo socioeconómico en las detenciones. Para Campos, la consulta no debe limitarse a los organismos del Estado, sino que debe incorporar a universidades, gremios y a los ciudadanos que acuden a los tribunales sin obtener respuesta. «No debe ser una consulta tan sesgada de solamente los organismos de justicia», subrayó.
Un aspecto fundamental para la mejora del sistema es el cumplimiento del presupuesto. La Constitución venezolana ordena que el 2% del presupuesto nacional se destine al sistema de justicia, meta que debe revisarse bajo el contexto económico actual. Además, la abogada señaló que el hacinamiento carcelario es consecuencia de una mala gestión de las medidas cautelares y de la falta de condiciones de higiene en los centros de reclusión.
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Sobre la raíz de la situación judicial, Campos aclaró que la responsabilidad no recae únicamente en los textos legales como el Código Orgánico Procesal Penal. «La culpable no es la ley, son fallas estructurales», aseveró, tras explicar que los jueces necesitan salarios dignos e independencia real a través de concursos públicos de oposición en lugar de nombramientos directos.
La experta recordó que, aunque estas consultas públicas no tienen carácter vinculante en la legislación nacional, la participación masiva es la única vía para que el Estado escuche las propuestas y evite una instrumentalización del proceso.
